Opinión
Una vez más un lamentable conflicto bélico pone en evidencia la dañina relación de dependencia que hemos mantenido con los combustibles fósiles. Ahora bien, no debemos ser ingenuos ni simplistas, puesto que los problemas son más complejos de lo que podemos pensar. Sí, la descarbonización de nuestra matriz energética es fundamental para enfrentar la crisis climática y reducir las presiones sobre estos conflictos geopolíticos, pero también debemos estar alertas a todas las vulnerabilidades e injusticias, presentes y futuras que involucran fuertemente a las energías en todas sus formas.
A modo de bálsamo frente a situaciones complejas nos repiten —cual mantra— la frase: “las crisis son oportunidades”, sin embargo no debemos perder de vista que las crisis son desastres, caos, calamidades para los mismos de siempre y, sólo bajo esa premisa, es una oportunidad (para los mismos de siempre). No en vano tuvimos hace unos años atrás un octubre convulso donde miles salieron a decir “o es con nosotr@s o no será”. Con esto en mente, creemos que hoy tenemos una oportunidad de enfrentar las crisis del sistema energético desde la discusión de una constitución y de la conformación de un nuevo gobierno. Esta discusión nos exhorta a sentar principios que se hagan cargo de la urgencia que nos enrostran los presentes conflictos e injusticias, y de la necesidad de mirar más allá de las generaciones presentes. A este respecto, sostenemos como esencial que la consagración de la futura carta fundamental integren principios de justicia y derecho a la energía.
Respecto al derecho a la energía, la pandemia más alla de develar nuestra fragilidad como especie, puso en evidencia que la energía es fundamental para el ejercicio de otros derechos y garantías fundamentales, así como condición para una vida digna. Sin embargo, hoy son muchos los hogares que solo pueden proveerse de energía a través de servicios que tienen severos efectos en su salud, seguridad y economía del hogar o bien deben prescindir de servicios energéticos. Es por ello que la nueva constitución debe proteger y garantizar el acceso a la energía, considerando atributos que se hagan cargo de las vulnerabilidades y riesgos de hoy y de mañana, a través de la garantía de un acceso físico y económico, en condiciones equitativas y no discriminatorias, asegurando la sostenibilidad de un mínimo vital de servicios energéticos que además sean limpios, seguros y de alta calidad.
A ello, debemos integrar las premisas de la Justicia ambiental, territorial, e intergeneracional. Durante la última década el desarrollo energético del país ha estado marcado por conflictos socioambientales lo que ha evidenciado que la planificación energética ha descuidado a los ecosistemas y la población, siendo su máxima expresión las áreas tristemente llamadas “zonas de sacrificio”. Es por ello, que garantizar sólo el acceso a la energía no es suficiente si no desarrollamos una mirada sistémica y con participación ciudadana que se haga cargo de las vulnerabilidades territoriales que derivan de la producción y consumo de energía en cuencas, proyectos de transmisión y contaminación atmosférica, entre otros. Necesitamos con urgencia proyectos de energía limpia, a escala humana y respetuosos con nuestro ambiente.
Si bien las energías limpias han aumentado su presencia de forma acelerada en nuestro país, hoy mantenemos una matriz energética concentrada, que brinda poca autonomía local. Un sistema energético será justo cuando involucre al territorio y sus habitantes proveyendo de infraestructuras para la información temprana y simétrica, facilitando el acceso a mecanismos judiciales y administrativos de protección, e involucrando colectivamente a la sociedad en la producción, gestión y operación de la energía.
La crisis climática y conflictos geopolíticos hoy nos llevan a pensar en esta relación injusta entre las generaciones de hoy y las del futuro. Debemos proteger y gestionar los recursos naturales que nos proveen de energía de forma de asegurar su mantención en el tiempo. Junto a esto, restringir en el aprovechamiento de fuentes fósiles y limitar el uso de fuentes de agua, velando por la integridad de las cuencas y de los ecosistemas. De esta forma permitimos la construcción de un sistema energético y comunidades resilientes, que garanticen la satisfacción de necesidades energéticas de generaciones presentes y la subsistencia de las generaciones futuras.
Finalmente, debemos considerar que en la base de toda esta discusión está la dignidad humana, que no es otra cosa que “el derecho a tener derechos” por la mera condición de existir. La vida digna sucede en una vivienda digna, cuya infraestructura sea capaz de sostener servicios energéticos con eficiencia y seguridad. Hoy en día habitamos viviendas mal aisladas que no son capaces de mantener temperaturas saludables durante las temporadas de frio o calor extremo. Necesitamos de una política habitacional que considere las condiciones geográficas y nos permita habitar espacios en rangos mínimamente confortables de temperatura y con acceso adecuado a la infraestructura de servicios energéticos.
En resumidas cuentas, la energía, como derecho, en sus distintas dimensiones y formas debe ser un pilar en la constitución si realmente queremos abordar los problemas del siglo XXI. El mundo mira a Chile, y tenemos esta oportunidad histórica de posicionarnos en la vanguardia en la protección y en la relación del ser humano con su entorno.
