Señor Director:
En las últimas semanas hemos visto uno de los momentos quizás más mediáticos respecto a la convención constitucional, donde varias veces al día aparece un titular más ruidoso que el anterior respecto a algún artículo que se ha aprobado o rechazado en alguna comisión. Esto, viene acompañado de las siempre presentes fake news donde algún personaje de la escena actual busca forzar una interpretación de aquella noticia hacia su interés político y con ello causar alguna suerte de pánico momentáneo.
Este ejercicio de establecer los derechos civiles y sociales en una constitución no es meramente un acuerdo programático de momento, ni una ilusión social de varias generaciones que se cristaliza, sino que se convierte en un estándar mínimo de servicios sociales que luego el estado debe saber garantizar para todo el territorio nacional, lo que implica diseñar una musculatura pública capaz de aguantar las demandas que se reciben.
Implica también transiciones en lo económico, que pueden durar años, como lo muestra por ejemplo un estudio de la facultad de gobierno de la UDD (2019), donde se compararon 34 distintas constituciones y se encontró una relación en donde a mayor número de derechos sociales consagrados, hay menor PIB per cápita en el país.
Es por ello, que prometer y asegurar en una carta magna esto o lo otro, con la letra chica diciendo que luego se resolverá en materia de ley sin tener un trabajo en paralelo con el resto del estado, es quizás sentenciar a ir dejando el aparato estatal sobrecargado de pretensiones y expectativas que puede recalentar a las administraciones territoriales y agentes ejecutores de las políticas públicas si no se les considera desde ya en el proceso.
Son estos organismos locales los que van a lidiar finalmente con el mandato de entregar una cierta calidad de vida a sus habitantes, y si no se les fortalece técnica, administrativa y financieramente, serán por cierto el cuello de botella de todas las demandas sociales anteriores.
Cristóbal García-Huidobro,
psicólogo. Gestor de proyectos y analista de políticas públicas.
