Opinión
Luego de escuchar ciertas declaraciones de algunos políticos y políticas de la DC, a propósito de la Cuenta Pública del Presidente Gabriel Boric y de los avances de la Convención Constitucional, no pude menos que acordarme de un momento histórico no tan lejano. Cuando ese mismo partido (representado por Radomiro Tomic) creía en el Estado como motor del desarrollo y del bienestar social, y en el pueblo como fuente de legitimidad para las decisiones importantes que debía tomar la nación. Pero no son más que nostalgias. Como las que dejó escritas el general Bachelet en la carta a su esposa Ángela Jeria, desde la prisión (citando al poeta Juan Clemente Zenea): «Tengo el alma, Señor, adolorida/ por unas penas que no tienen nombre/ y no me culpes, no, porque te pida/ otra Patria, otro siglo y otros hombres».
Nuevo Estado y Nueva Institucionalidad.
‘‘El sistema institucional chileno atraviesa por un agudo proceso de crisis. Su origen puede encontrarse en la incapacidad del sistema para responder […], a las nuevas exigencias del desarrollo económico, social y político del país.
La superación de esta crisis hace indispensable la redefinición del papel del Estado y la implantación de una nueva institucionalidad. En ella, el respeto a la norma jurídica no puede ser el pretexto para traicionar o retardar las aspiraciones del pueblo. Muy por el contrario, debe ser la condición para que estas aspiraciones puedan expresarse y realizarse en un proceso de cambio social acelerado.
De la formulación anterior fluyen las características del nuevo Estado. Este deberá ser transformador, democrático y moderno.
A. El Estado Transformador
La redefinición del papel del Estado exige que éste se convierta en el órgano transformador por excelencia, que dirija, guíe y estimule el proceso de cambio económico y social.
Instrumento indispensable de la transformación debe ser la unidad del pueblo organizado para asumir las responsabilidades que le corresponden en la dirección del Estado y de la economía nacional […].
El nuevo Estado estará plenamente comprometido e identificado con los intereses de las grandes mayorías nacionales. No será un Estado árbitro. En consecuencia, la redefinición del papel del Estado debe ir acompañada por la introducción de una norma institucional, obligatoria para los tribunales de justicia, para la Administración del Estado y para los particulares, que asigne una finalidad transformadora al nuevo ordenamiento jurídico, estableciendo que toda disposición legal deberá interpretarse, en caso de duda, en forma de favorecer la aplicación práctica del principio de igualdad ante la ley, la justicia social y la elevación de las condiciones de vida del común de los habitantes.
Un requisito indispensable para el logro de los objetivos anteriores es la separación entre las funciones públicas y los intereses económicos […].
B. El Estado Democrático
El nuevo Estado garantizará la existencia de condiciones de convivencia social, que además de permitir el libre desarrollo de la persona humana, promuevan la generación de una gran mística de solidaridad nacional.
Con ese propósito se revisará la definición de la soberanía nacional estableciéndose que la soberanía reside en el pueblo. Éste, no solamente delegará su ejercicio en las autoridades que establece la Constitución, sino que también la ejercerá directamente por medio del plebiscito, en todos aquellos casos en que dichas autoridades no lleguen a un acuerdo sobre cuestiones de importancia fundamental para la vida del país.
Este nuevo papel del Estado debe expresarse también, en una redefinición de las garantías constitucionales, a fin de consagrar los derechos sociales de los trabajadores y de establecer como garantía fundamental el derecho participar activamente en la vida social, cultural, cívica, política y económica, con el objetivo de lograr el pleno desarrollo de la vida personal de todos los chilenos y su incorporación efectiva a la a la comunidad nacional. Consiguientemente, el Estado tendrá el deber de remover los obstáculos que limiten, en el hecho, la libertad e igualdad de las personas y grupos, garantizando el acceso de todos los chilenos a nivel de bienestar económico, social y cultural […].
La redefinición del papel del Estado, la nueva concepción de la soberanía, la reforma de las instituciones básicas, la interpretación de todo el orden jurídico en beneficio de las grandes mayorías y la incompatibilidad entre cargos públicos e intereses económicos, deben permitir una nueva institucionalidad en que el Estado de Derecho se transforme en un Estado de Justicia”.
Extracto del Capítulo 2, “La Construcción de un Nuevo Estado, Democrático y Moderno” (p. 5). Programa de Gobierno del candidato DC Radomiro Tomic, elección presidencial de 1970.
