Opinión
La distribución de nuestro tiempo está desequilibrada, a lo largo de nuestro día y dentro de nuestra sociedad. En promedio, las personas del quintil más alto tienen un 20% más de tiempo libre que las del quintil más bajo, es decir que a menor poder adquisitivo, menor es la posibilidad de que las trabajadoras y trabajadores puedan estar con sus familias, parejas o amistades, practicar un deporte, desarrollar sus talentos, divertirse o descansar, lo que daña gravemente su salud, especialmente tras lo vivido los últimos años de pandemia y crisis económica mundial.
Además de eso, las trabajadoras y trabajadores en un día corriente en Chile, están alrededor de 10 horas trabajando (incluido el trabajo doméstico), más otra hora y media viajando para trabajar, durmiendo menos de siete horas y las cinco horas restantes repartiéndose en todo lo demás, como comer, estudiar o ir al médico.
Este desequilibrio no es voluntario. Obedece a un modelo productivo cuyos malos salarios y peores pensiones obligan a la gran mayoría a trabajar hasta el cansancio. Por esto la reducción de la jornada laboral sin disminuir las remuneraciones es una medida necesaria: es un paso concreto en el mejoramiento de las condiciones de vida, pues junto con aumentar el valor del trabajo, apunta a la raíz del problema y busca corregir sus peores consecuencias. Especialmente en el caso de las trabajadoras, ya que son las mujeres quienes realizan una doble jornada en labores domésticas y de cuidados.
La primera pregunta cae de cajón: ¿es realista dicha propuesta? Lo cierto es que la reducción de la jornada ha sido un éxito en países como España, Suecia y Dinamarca. Entonces, ¿por qué no hacerlo en Chile? Cuando somos uno de los países con más horas de trabajo de la OCDE y con menor nivel de productividad, la cual no depende de la extensión de la jornada de trabajo, sino del uso de las tecnologías, los modelos de desarrollo, el encadenamiento productivo, la adaptabilidad, la certificación de competencias y otros factores siempre olvidados como condiciones laborales, salariales y de jornada dignas.
De hecho, la evidencia sugiere que la reducción de la jornada contribuiría a la reactivación económica. En primer lugar, porque reduce la cesantía: trabajar menos sin reducir los salarios genera nuevos puestos de trabajo. En segundo lugar, porque jornadas más cortas permiten trabajar mejor, lo que aumenta la productividad. Y tercero, porque -de acuerdo al proyecto de ley- su aplicación sería inmediata para las grandes empresas (cuyas ventas anuales superan los $ 2.400 millones), pero gradual para las MiPymes, que generan más de la mitad de los puestos de trabajo del país, y con apoyo económico a ellas como lo anunció el gobierno, permitiéndoles una mejor adaptación. De modo que la reticencia no es técnica, sino política, y absolutamente contraria a las necesidades de la mayoría trabajadora.
Por eso no debemos olvidar los intereses de quienes se oponen a cambiar esta lógica de que los que más tienen, se enriquecen a costa de la calidad de vida de sus empleados y empleadas, entrampando por más de cinco años un proyecto que significa un beneficio directo para la clase trabajadora, porque les incomoda que esa riqueza se reparta.
La reducción de jornada es un avance concreto en nuestro derecho a trabajar menos y vivir mejor, redistribuyendo la riqueza y el tiempo. Esto como parte de un nuevo modelo de relaciones laborales y de desarrollo que ponga las necesidades de las trabajadoras y trabajadores en el centro, corrigiendo las disparidades de género; un modelo que ya estamos construyendo desde el Congreso, el gobierno y la nueva Constitución, con el aumento del salario mínimo, el Sistema Nacional de Cuidados, el derecho al descanso y al tiempo libre, y otros avances que se están gestando.
Paralelo a esto, debemos fijar un criterio de suficiencia para el salario mínimo situándolo sobre la línea de la pobreza familiar, y mantener el poder adquisitivo de todos los salarios frente a la inflación, definiendo que su reajuste sea de acuerdo al IPC. Este es nuestro próximo objetivo como diputación.
