Señor Director:
Desde que el gobierno asumió, existió la sospecha de que el Presidente Gabriel Boric, desoyendo su deber como Jefe de Estado, optase por apoyar con su administración a una de las dos opciones del plebiscito.
Estas ideas empezaron a verificarse cuando uno de sus ministros decidió sostener públicamente que el programa de gobierno no podría ejecutarse si la propuesta de la Convención, que aún no se había terminado de elaborar, no era aprobada.
En ese momento, el Presidente, de forma republicana, desmintió a su ministro haciéndole presente a la ciudadanía que el gobierno mantendría el cumplimiento de sus obligaciones y velaría por la ejecución democrática de su programa sin perjuicio de lo que ocurriese a nivel constitucional, pues ambas opciones son válidas, y el Presidente respetaría y daría garantías a los partidarios del Rechazo y del Apruebo.
¿Qué otra cosa podría hacer la persona que fue elegida para defender los intereses de toda la nación y su democracia?
Pero, la posición del Presidente se mantuvo firme solamente mientras las encuestas favorecían a su opción y las filas del oficialismo estaban cerradas.
Luego de que personas de centro izquierda, entre las que nos encontramos, definieran que su opción por el Apruebo ya no era viable, y que se necesita una propuesta de Constitución correcta, a diferencia de la elaborada por la Convención, y que en las encuestas el Apruebo no tuviese la mayoría que mantuvo durante un año, el Presidente se ha convertido en el jefe velado del Apruebo.
La política de Apruebo Dignidad ha sido durante años afirmar que en Chile tenemos una crisis política de representación. Responsabilizan de esta crisis a las instituciones como el Senado de la República, que supuestamente no miraría los intereses de los ciudadanos, o al centralismo, o al sistema electoral, o a lo que corresponda. Sin embargo, no se hacen responsables de que parte, tal vez la mayor parte, de la crisis no es por las instituciones en sí, sino que por la forma en que personas instrumentalizan dichas instituciones en favor de su sector.
El problema no son solo las instituciones o las constituciones. También lo son las personas que las integran.
Ignacio Figueroa Elgueta,
Ignacio Figueroa Egas
