Opinión
Este 4 de setiembre fue rechazada por una amplia mayoría la propuesta de una nueva Constitución que ofrecía en materia de derechos sociales y del trabajo uno de los capítulos más comprehensivos en la historia de nuestro país. Los derechos planteados en el texto sobre la vivienda, la salud, la educación y la seguridad social respondían a las largas y postergadas demandas de los movimientos sociales y buscaban reparar el daño causado por un sistema neoliberal que ha precarizado a un importante sector de la población. Si bien pocos sectores cuestionan la legitimidad de este articulado, y a pesar de convertirse en el piso para avanzar hacia un nuevo texto constitucional, la formulación de estos derechos sociales y su promesa de justicia social no fueron suficientes para movilizar a la gran mayoría de la ciudadanía por su aprobación.
Mientras el debate posplebiscito se enfoca en ciertos problemas que aquejaron al proceso constituyente, como el aumento de la participación electoral, el impacto de las noticias falsas y las falencias de la propuesta sobre el sistema político y de justicia, es necesario preguntarse por qué la propuesta de derechos sociales y garantías no logró encantar a quienes viven y trabajan en condiciones precarias.
En parte es importante subrayar que los derechos sociales no son abstractos, sino que se viven y ejercen en espacios y situaciones concretas. Para tramitar una pensión, pedir una hora, postular a un subsidio o conseguir cama en un hospital es necesario acudir a una oficina en determinado horario, presentar papeles y certificados, e interactuar con quienes administran los beneficios y los derechos. Históricamente, este proceso ha estado marcado por el escrutinio que realizan los profesionales y burócratas del bienestar. La ficha, la visita de la trabajadora social, y las preguntas invasoras se han utilizado para distribuir y asignar beneficios a quienes los “merecen” y excluir a quienes no califican. Muchas veces, estos mecanismos han sido discriminatorios, machistas, o racistas, estigmatizando a quienes solicitan asistencia, limitando el ejercicio de los derechos sociales o generando experiencias negativas y traumáticas. En el año 2017, por ejemplo, Joane Florvil, inmigrante haitiana, fue acusada de abandono infantil en las puertas de un consultorio y murió luego de ser detenida en forma injusta.
El sociólogo Javier Auyero, quien ha estudiado los sistemas de bienestar en Argentina, explica que los sectores urbanos más empobrecidos han desarrollado estrategias y formas de relacionarse con un sistema público incompleto y en crisis. Para acceder al Estado, señala Auyero, las personas «han aprendido a ser pacientes del Estado». Y si bien esta es una forma de dominación, también es una estrategia de adaptación y sobrevivencia frente a la incertidumbre que define la sociedad actual. En Chile, a pesar de la existencia de un sistema económico neoliberal y una Constitución que ha promovido el rol subsidiario del Estado en materia social, este continúa siendo, tal como plantea Auyero para Argentina, un «actor clave en la vida de los desposeídos». En esta coyuntura marcada por un Estado social incompleto, limitado y discriminatorio, las personas han aprendido a esperar, a postular a los bonos, y a navegar en la burocracia pública. El sistema no cubre todas las necesidades, pero ofrece un cierto nivel de protección al que muchos pueden aspirar.
Si bien los derechos sociales prometidos eran y continúan siendo una agenda atractiva para gran parte de la población, este capítulo era, hasta cierto punto, una larga declaración de principios. Estos principios eran además difíciles de visualizar cuando la experiencia histórica de relacionarse con el Estado enseña que siempre existen mañas, trámites y obstáculos. Es cierto que algunos presentaron la agenda social como una forma de restaurar los derechos perdidos hace más de cincuenta años, pero esta era una visión más bien romantizada de nuestro antiguo Estado asistencial. En realidad, ese Estado social solo llegó a proteger en forma efectiva a algunos sectores como los empleados públicos y del sector privado, pero discriminaba contra las mujeres, el campesinado y los pobres de la ciudad. Por ejemplo, uno de los grandes problemas que aquejaba al antiguo sistema de seguridad social era que los empleadores no pagaban las imposiciones o declaraban el mínimo. Estos abusos eran frecuentes en el caso de las trabajadoras de casa particular.
Hacer realidad los derechos sociales pasa por democratizar el Estado y sus servicios asistenciales, revisar críticamente las formas de exclusión y discriminación, establecer mecanismos de fiscalización y, sobre todo, escuchar las necesidades, sueños y demandas de todas y todos los chilenos.
