Opinión
A principios de año se promulgó la Ley que crea el Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia en Chile (Ley N° 21.430), lo que impondrá un nuevo estándar en la responsabilidad del Estado con los niños, niñas y adolescentes. La implementación de un sistema integral de protección a la niñez y adolescencia opera principalmente a nivel local, donde viven las familias. Por consiguiente, será esencial identificar los mecanismos que tendrán los municipios y otros servicios públicos para gestionar los cerca de 250 programas e iniciativas que conforman la oferta actual destinada a niñez y adolescencia, en un marco de garantía de derechos.
Por otro lado, el año 2017 entró en vigencia la ley 21.040 que crea el sistema de educación pública que, entre otros elementos, cambia la institucionalidad al crear los Servicios Locales de Educación de los cuales dependerán las escuelas y liceos que hasta este momento eran de responsabilidad administrativa de los municipios.
La conformación de los Servicios Locales de Educación así como la creación de las Oficinas Locales de la Niñez (OLN) son un avance para garantizar derechos de la niñez y adolescencia en el territorio. Es por esta razón que nos parece imprescindible que esta nueva institucionalidad traiga aparejada un entendimiento transdisciplinar e intersectorial que se exprese en el territorio, especialmente en materia de prevención y promoción de derechos, junto con garantizar las trayectorias educativas. Para avanzar en esta línea, es fundamental reconocer que las personas que trabajan en el territorio desarrollan estrategias de colaboración tendiente a aunar esfuerzos en pro de niñes y jóvenes vecinos de sus comunas, ya sea de manera espontánea o no formal. Este esfuerzo silencioso y la experiencia adquirida en la práctica profesional debe ser reconocida y valorada en la construcción de estrategias institucionales de trabajo transdisciplinario e intersectorial, que sean modernas y empáticas en pro de la garantía de derechos.
En este contexto, resulta de particular interés conocer la situación de las comunas pequeñas que tienden a tener equipos municipales más reducidos y en la mayoría de los casos, están en zonas alejadas de los centros regionales y presentan mayores niveles de ruralidad. Como parte de la iniciativa Un Gran Lugar para Crecer, realizamos un primer análisis descriptivo sobre las condiciones de vida de niñeces y juventudes en las comunas de menos de 20.000 habitantes que corresponden a cerca de la mitad de los municipios del país y concentran al 10% de la población menor de 18 años.
Los resultados muestran que las comunas pequeñas registran menores tasas de escolaridad de los jefes y las jefas de hogar, menores niveles de logro escolar, mayores tasas de personas con obesidad y sobrepeso, mayores tasas de embarazo adolescente y mayores niveles de pobreza multidimensional y según ingresos. Asimismo, registran mayores tasas de delitos de violencia intrafamiliar hacia niños, niñas y mujeres, y de abuso sexual y violación. De acuerdo al Índice de Desarrollo Comunal estimado por la Universidad Autónoma, las comunas pequeñas reportan en promedio, índices más bajos que las comunas medianas y grandes, en términos de población. Dentro de las comunas pequeñas, aquellas que presentan mayores niveles de pobreza multidimensional, son a su vez, las que presentan mayores condiciones de vulnerabilidad para niños, niñas y adolescentes.
Sin embargo, junto a lo anterior, también es cierto que son comunidades donde sus habitantes se conocen, donde estrategias de solidaridad y cooperación son parte de lo cotidiano y donde la gran mayoría de quienes trabajan en las instituciones públicas, programas sociales o entidades de la sociedad civil, son a la vez, vecinas o vecinos y potenciales beneficiarios de la oferta existente en su comuna.
La escala de las comunas pequeñas presenta, entonces, una oportunidad para abordar las inequidades de su población de manera más eficiente, con políticas públicas especializadas. Una característica común a estas comunas es que más del 70% de los estudiantes asiste a establecimientos municipales o dependientes de un Sistema Local de Educación. Por consiguiente, el sistema de educación pública tiene la oportunidad de constituirse en un eje para protección de derechos de niños y niñas desde los primeros años. Los jardines infantiles y las escuelas son el punto de encuentro diario entre el Estado, los estudiantes y sus familias, lo que las transforma en lugar privilegiado en la gestión de la prevención y promoción de derechos, así como también para la identificación oportuna de riesgos de vulneración.
