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Municipios: ¿qué más hay detrás de la pared? Opinión Créditos: Agencia Uno.

Municipios: ¿qué más hay detrás de la pared?

Alfonso España
Por : Alfonso España Investigador de Horizontal
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La Contraloría General de la República (CGR), a cargo de cautelar el uso y destino de los recursos municipales, y la fiscalización de la veracidad de las declaraciones de intereses y patrimonios de los alcaldes, tampoco pudo detectar irregularidades en sus inspecciones a las corporaciones municipales “Vita” ni en las declaraciones de intereses y patrimonio del entonces jefe comunal. Así, también, es insólito que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) no fuese alertada de irregularidades en la cuenta bancaria de una relevante figura política, que presuntamente recibía depósitos en efectivo.


Fajos de billetes ocultos en una pared, sobres con dinero en efectivo, una cuenta bancaria con más de $2.300 millones y el testimonio de dos exfuncionarios. Esta evidencia, propia de una serie de Netflix, es parte de la que poseen la Policía de Investigaciones (PDI) y Fiscalía para presumir la malversación de millones de pesos a través de triangulaciones entre la Municipalidad de Vitacura y sus corporaciones durante la administración del exalcalde Raúl Torrealba. Se trata de un escándalo que, lamentablemente, no fue revelado por el funcionamiento de las instituciones, sino por las consecuencias que trajo consigo el límite de la reelección y la denuncia por parte de algunos implicados.

En efecto, en este presunto caso de corrupción fallaron diversos mecanismos de fiscalización. A nivel interno, los municipios cuentan con concejales y una unidad de control a cargo de monitorear las decisiones del alcalde, que en el caso de Vitacura pareciera haber fallado –quizás porque entre el 2016 y 2021 solo uno de ocho concejales era de oposición—.

A nivel externo, la Contraloría General de la República (CGR), a cargo de cautelar el uso y destino de los recursos municipales, y de la fiscalización de la veracidad de las declaraciones de intereses y patrimonios de los alcaldes, tampoco pudo detectar irregularidades en sus inspecciones a las corporaciones municipales “Vita” ni en las declaraciones de intereses y patrimonio del entonces jefe comunal. Así, también, es insólito que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) no fuese alertada de irregularidades en la cuenta bancaria de una relevante figura política, que presuntamente recibía depósitos en efectivo.

La corrupción es un obstáculo para el progreso y el desarrollo sostenible del país. En este sentido, desde Horizontal hemos trabajado en algunas propuestas que elevan el control de los gobiernos locales. Una de ellas es modernizar a la CGR, con el objetivo de que exista respuesta oportuna en caso de que los controles internos fallen, evaluar formas que tiendan a mejorar la toma de razón, el sistema de juicios de cuenta y examen de licitaciones. Así también, sugerimos mejorar el escrutinio y control de las corporaciones municipales y regionales, sometiéndolas a las reglas de las entidades públicas en materia de transparencia, rendición de cuentas y compras públicas sin excepción, además de una auditoría externa anual. Por último, urge un sistema de protección a víctimas, testigos y denunciantes de la corrupción.

Es hora de que se tomen medidas drásticas respecto a reforzar los mecanismos de control municipal internos y externos para evitar que estos hechos vuelvan a ocurrir, alertar tempranamente cuando sucedan y propender al mejor uso de los recursos en función del bien común. Esperamos que estas medidas sean consideradas para prevenir que escándalos como estos se reiteren.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
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