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Fiscal Nacional y Acuerdo de Seguridad: pagando los costos de los errores no forzados Opinión Créditos: Agencia Uno.

Fiscal Nacional y Acuerdo de Seguridad: pagando los costos de los errores no forzados

Germán Silva Cuadra
Por : Germán Silva Cuadra Psicólogo, académico y consultor
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Sin duda, el principal desafío es para el Gobierno, partiendo por el Presidente. Tiene que hacer una profunda reflexión sobre cómo han sorteado los primeros nueve meses en el poder y planificar los cambios y el giro que necesitarán a partir de marzo, considerando un año que estará marcado por el proceso constitucional y una economía muy adversa. De seguro, el primer paso es mayor humildad y sumar más experiencia en la conducción y, sobre todo, definir el relato que marcará el segundo tiempo, anticipado, desde el 11 de marzo en adelante.


“La tercera es la vencida”, comenzó a instalar, comunicacionalmente, el Gobierno en las horas previas a la designación de su candidato a Fiscal Nacional, el que debe ser ratificado –o rechazado– por el Senado hoy lunes. La frase parecía más bien un grito desesperado del Ejecutivo, para cerrar un caso que no solo le ha dado dolores de cabeza, sino traído también costos políticos y de imagen pública considerables. Y, claro, cuando la presión es tan grande, se intenta salir del huracán como sea, incluso, haciendo un cambio de última hora de su carta favorita –Meléndez– y generando un problema interno. Total, un costo más, a estas alturas, es irrelevante.

Lo cierto es que el Gobierno tuvo un cierre de año muy complejo. Errores no forzados seguidos, con costos políticos importantes, incluida la salida de la ministra Ríos. Porque la verdad es que el anuncio de los indultos –me refiero a la forma y el momento, no a la facultad presidencial que han usado Aylwin, Frei, Bachelet, Lagos y Piñera– echó por tierra el Acuerdo de Seguridad –¿por qué no esperar a que estuviera cerrado este?, ¿por qué no hacerlo durante el apacible febrero, en que todos los políticos están en las playas y lagos?– y, de paso, golpeó la designación del Fiscal Nacional.

Respecto a esto último, el Gobierno tuvo un evidente error de diagnóstico y cálculo para enfrentar este largo proceso de designación de un cargo que tiene altas expectativas en la ciudadanía –con muchos brochazos de fantasía en cuanto a lo que realmente puede cambiar el nuevo Fiscal Nacional, frente a la percepción actual de inseguridad–. Creo que hubo algo de ingenuidad y candidez también. En la primera carta, intentó imponer sus términos y medir fuerzas políticas… en un momento de debilidad. En la segunda carta, jugó de manera audaz buscando traspasarle la responsabilidad a la Corte Suprema por la forma de designación, intentando provocar un cambio radical –que se abrieran a un concurso público–, lo que era imposible, ya que ese mecanismo no está contemplado. Si se quería dar una señal, sin duda no era el momento. Lamentablemente para Boric, el costo político lo pagó íntegramente La Moneda. Cuesta entender cómo alguien en Palacio puede haber pensado que la responsabilidad se compartiría entre la Suprema, el Senado y el Ejecutivo.

Con el viento totalmente en contra, La Moneda llegaba a jugar su tercera y final carta –sería una catástrofe que se rechazara a Valencia– en paralelo al tema de los indultos. Ni siquiera está en cuestionamiento que esta es una facultad del Presidente, y todos sus antecesores la han usado, partiendo por Piñera que indultó a más de 4 mil personas, incluyendo en esa lista a condenados por narcotráfico y violadores de los DD.HH. presos en Punta Peuco. No recuerdo que hayan saltado voces de la derecha en su momento, como ahora, a cuestionar esta prerrogativa presidencial. Si hay algo que debe generar debate público es sobre la facultad de los presidentes, pero no de la decisión tomada por Boric, más allá de que guste o no.

El problema para Gabriel Boric no estuvo en los indultos –por lo demás, estaba en su programa–, sino en el tremendo error de forma con que argumentó la decisión del caso Mateluna y el pésimo momento elegido. Revisando diversos medios de prensa de la época, quedan muchas dudas acerca de la participación en el asalto al banco de este exfrentista, lo que incluso llevó a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile a defenderlo motu proprio. Sin embargo, el Presidente no era la persona indicada para cuestionar al Poder Judicial. Aunque estuviera en lo cierto, solo debió remitirse a la decisión y evitar así la dura reacción de otro poder del Estado. Fue un autogol innecesario, a horas de dar a conocer al elegido por La Moneda para encabezar la Fiscalía Nacional.

De ahí que el Gobierno, en el caso Fiscal Nacional, volvió a enfrentar “la tercera es la vencida” con saldo en contra. Por tanto, se vio obligado a realizar gestos y concesiones para salir del impasse. Todo indica que Meléndez estaba “listo” unas horas antes del anuncio oficial, sin embargo, el Ejecutivo tuvo que inclinarse por Valencia, quien había obtenido la mayor votación en la Corte Suprema –gesto N° 1– y era el favorito de la derecha. Esto último le podría ayudar a desactivar las acusaciones constitucionales en el Congreso, una de ellas, precisamente por el caso indultos –gesto N° 2–. De paso, se le produjo un problema interno con la ministra de la Mujer y la Equidad de Género –Valencia defendió a un exjuez acusado de abuso sexual a una funcionaria– y también dejó otros heridos en Apruebo Dignidad, los que cuestionaron que el nominado era la carta de los poderes fácticos e, incluso, del piñerismo. Es decir, perdió en todos los frentes.

Así, el inicio del año proyectó a un Gobierno que no logra dar con el tono y, lo que es peor, que comete errores no forzados cada vez que está logrando salir jugando la pelota desde su propia área. Recordemos que el Mandatario subió 8 puntos en la encuesta Cadem hace menos de dos meses, con el anuncio de la reforma de pensiones, lo que no ha sido capaz de capitalizar y mantener en el tiempo.

Veremos si el receso legislativo de febrero logra bajar las revoluciones de una oposición que empieza a actuar de la misma forma en que lo hicieron quienes ahora están en el oficialismo, es decir, a punta de acusaciones constitucionales, y un lenguaje agresivo, que ha llegado a insinuar que el Gobierno del Presidente Boric podría no concluir su mandato –han usado las encuestas para ello, pese a que el 30% que tiene el Mandatario hoy está muy lejos del 9% que Piñera tuvo en la misma medición–.

Pero, sin duda, el principal desafío es para el Gobierno, partiendo por el Presidente. Tiene que hacer una profunda reflexión sobre cómo han sorteado los primeros nueve meses en el poder y planificar los cambios y el giro que necesitarán a partir de marzo, considerando un año que estará marcado por el proceso constitucional y una economía muy adversa. De seguro, el primer paso es mayor humildad y sumar más experiencia en la conducción y, sobre todo, definir el relato que marcará el segundo tiempo, anticipado, desde el 11 de marzo en adelante.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
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