Evitemos un nuevo fracaso

¿Qué tiene en común el actual proceso constitucional con el fracasado? Además de nacer de la necesidad de tener una buena y nueva Constitución, ambos se gestan en un escenario con una alta expectativa de representación desequilibrada de un ala política por sobre la otra. Si en la reciente Convención fueron las izquierdas, ahora son las derechas. De este modo, nuevamente estamos frente al riesgo de que la propuesta de nueva Constitución sea maximalista y solo represente a los intereses de una parte de la sociedad.

Algunas encuestas ya anticipan una alta predisposición a rechazar en el plebiscito de salida, por lo que las fuerzas en favor de un nuevo texto parten con desventaja. Además, no solo los Republicanos buscan el rechazo, sino que también intelectuales y líderes políticos de izquierda, como el historiador Gabriel Salazar y el senador y presidente de RD, Juan Ignacio Latorre. ¿Queremos una Constitución que nos represente a todos o un traje hecho a la medida de nuestra ideología? Para los extremos pareciera tratarse de lo segundo, aunque eso sea a costa de la inestabilidad del país.

¿Y el gobierno? Evaluando los posibles resultados y resolviendo si intervenir o no a través de sus ya conocidas “campañas informativas”. Para evitar un nuevo escándalo de intervencionismo y aumentar las chances de que el proceso resulte de manera adecuada, el Ejecutivo debiese evitar transformar el plebiscito de salida en una evaluación al gobierno y su programa. Esto implica que no debe involucrarse y marcar puntos políticos en el debate, como tampoco llevar a cabo “campañas de información”, sino cumplir un rol de coordinación interna con los partidos y líderes del oficialismo.

El actual proceso constitucional tiene el reto de lograr un consenso amplio y diverso, que refleje las demandas y aspiraciones de una población no solo desencantada de la política, sino también mucho más preocupada de la seguridad y la economía. En este sentido, parte del atractivo del proceso consiste en la habilidad que tendrán los consejeros constitucionales para articular el vínculo entre la seguridad y la economía con la Constitución, pero también se corre el riesgo de caer en maximalismos que conviertan al texto en un panfleto poco conveniente para las libertades.

Algunos quedarán felices con preservar un statu quo que nos llevó a la crisis que todavía se siente, pero nuestro país requiere cambios para enfrentar las demandas ciudadanas de hoy y mañana, especialmente en lo que al sistema político y la administración estatal se refiere. Sin hacer cambios importantes en estas dimensiones, que apunten a reducir la fragmentación de los partidos y a reducir la influencia de los ciclos electorales sobre el funcionamiento de todo el aparato público, respectivamente, no solo seguiremos empantanados en el subdesarrollo, sino que nos hundiremos cada vez más. Esperemos que los consejeros constitucionales actúen con sabiduría.