Opinión
La paradoja es que la viabilidad de cualquier actividad económica basada en recursos naturales está estrechamente ligada al estado en el que se encuentre su entorno. En ese sentido, los ecosistemas marinos del sur de Chile pueden contarse entre los menos intervenidos hasta ahora, pero también son de los que nos resultan más desconocidos, pues no comprendemos del todo las interacciones que allí se dan.
En los últimos días se ha retomado un viejo debate en Chile, un país principalmente exportador de recursos naturales, en el que se plantea un falso dilema entre empleo y un medio saludable. Esta vez se usó la propuesta de crear el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) para reforzar esta visión dialéctica. Lamentablemente, en esta ocasión, un conjunto de políticos se parapetó en una industria susceptible de impactar profundamente en ecosistemas frágiles, como ocurre con la salmonicultura en los canales del sur austral de Chile.
Más allá de los esfuerzos realizados por la industria en mejorar sus estándares operacionales, el debate fue construido sobre datos no comprobados, supuestos y escenarios que no son necesariamente plausibles para sensibilizar a quienes trabajan en este sector, llevándoles a portar las pancartas que anteponen la estabilidad laboral por sobrevivir en un ambiente sano.
La paradoja es que la viabilidad de cualquier actividad económica basada en recursos naturales está estrechamente ligada al estado en el que se encuentre su entorno. En ese sentido, los ecosistemas marinos del sur de Chile pueden contarse entre los menos intervenidos hasta ahora, pero también son de los que nos resultan más desconocidos, pues no comprendemos del todo las interacciones que allí se dan. Al tratarse de una actividad intensiva y basada en la introducción de especies exóticas, la salmonicultura es fuente de riesgos potenciales que pueden dañar irremediablemente su entorno, además de limitar sus posibilidades de crecimiento.
En este sentido, resulta lamentable la utilización dogmática que se ha hecho de la creación de institucionalidad orientada a proteger ecosistemas, sobre todo en un país que ha sido pionero en materias de legislación ambiental. El comportamiento de quienes promovieron la narrativa del miedo al desempleo es especialmente abusivo. pues, desde cifras sin asidero que proyectan puestos de trabajo y centros de cultivo, predispone a la población que habita estos canales a medidas que les permitirán vivir mejor, pero también contar con ofertas de empleo más estables.
La experiencia muestra que las iniciativas que buscan acelerar la inversión a costa del bienestar, resultan más costosas y generan daños irreparables sobre el bienestar de las personas. Así ocurrió en Arica, con las poblaciones construidas sobre relaves mineros, y en Santiago, con la intervención de barrios y viviendas para construir la autopista Acceso Sur; ambos son ejemplos de espacios muy intervenidos. Pero también ocurrió en Chiloé, con el vertimiento de salmones de descarte en el mar sin que se cumpliera con estudios apropiados, en Alto del Carmen; con la destrucción de glaciares por la minera Barrick Gold, o en Alto Biobío, con la inundación de zonas de montaña para la construcción de una represa.
De esta forma, el proyecto de ley, que ha sido tramitado hace más de 10 años, avanza al Senado, pero permitiendo el otorgamiento de concesiones a actividades de alto impacto que pueden amenazar la biodiversidad. Es necesario recordar que el costo de desplegar una agenda productiva sin considerar el impacto que esta tiene sobre el medio es la viabilidad. No solo se trata de las posibilidades de mantener empleo en el largo plazo, sino también de que quienes se ven beneficiados por las actividades económicas cuenten con salud para disfrutarlo. Es en ese sentido que el costo del falso dilema entre empleo y ambiente es su propia viabilidad.
