Opinión
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La problemática de campamentos y el trabajo que realizamos día a día como Fundación nos revela que en el Chile del 2023 sigue existiendo una precariedad habitacional que nos debiera alarmar, donde un 48% de las familias que habitan en estos territorios se encuentra bajo la línea de la pobreza y solo un 5,9% tiene acceso formal al servicio de agua potable, mientras que únicamente el 5,7% cuenta con alcantarillado.
Actualmente, se encuentra en discusión en el Congreso la Ley de Usurpaciones, que regula los delitos de ocupaciones ilegales de inmuebles. Es importante recordar que el espíritu de la norma, que compartimos, es sancionar y perseguir de manera eficaz los casos de “loteos brujos”, las “Tomas VIP”, y distintos actos de violencia asociados a bandas criminales.
Sin embargo, nos preocupa que el articulado actual del proyecto, que entró a su segundo trámite constitucional, parece no diferenciar de manera efectiva los casos mencionados, de la gran cantidad de familias que por situaciones de precariedad socioeconómica han debido buscar en los campamentos un espacio que habitar.
Tal como lo han señalado diferentes expertos, la norma como está planteada tiene la potencialidad de hacer aún más compleja una realidad que ya lo es, criminalizando la pobreza al intentar inhibir, con una sanción penal más dura, una acción que, en la mayoría de los casos, está motivada por necesidad.
Y si bien existe la intención de proteger las “tomas históricas” a través de una norma transitoria que establece ciertas excepciones en su aplicación para aquellos hogares que forman parte del Catastro Nacional de Campamentos 2022 realizado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en la práctica este es un criterio que nos parece insuficiente, toda vez que dicho instrumento no se encuentra actualizado respecto al número de hogares totales que tienen los campamentos y, como cualquier medición de este tipo, tiene un margen de error que podría dejar fuera a familias de manera arbitraria.
Es más, el Catastro Nacional de Campamentos 2022-2023 realizado por Techo Chile, identifica al menos 300 campamentos y más de 40 mil familias que el Catastro MINVU no considera.
La problemática de campamentos y el trabajo que realizamos día a día como Fundación nos revela que en el Chile del 2023 sigue existiendo una precariedad habitacional que nos debiera alarmar, donde un 48% de las familias que habitan en estos territorios se encuentra bajo la línea de la pobreza y solo un 5,9% tiene acceso formal al servicio de agua potable, mientras que únicamente el 5,7% cuenta con alcantarillado.
La única forma de abordar una crisis de esta magnitud es a través de la colaboración de los diferentes actores y políticas de vivienda y seguridad efectivas, que se hagan cargo de las causas del problema y no solo de sus consecuencias. Esperamos que nuestros representantes sepan legislar con responsabilidad, distinguiendo el aprovechamiento de la necesidad.
