La infraestructura de cuidado en contextos rurales: una discusión para una política de Cuidados

Hablar de cuidados en contextos rurales supone enfrentar un desafío que nos lleva a identificar las particularidades de estas prácticas en dichos entornos. En la actualidad, la discusión sobre la Política Nacional e Integral de Cuidados representa una oportunidad para abordar esta temática desde una perspectiva territorial, lo que implica dar voz a las mujeres y escuchar sus experiencias sociales y espaciales. Es decir, reconocer las condiciones de acceso a la salud, educación y todos aquellos aspectos del entorno que pueden facilitar u obstaculizar los cuidados. Por ello, además de conocer las percepciones es necesario ver cuáles son las infraestructuras de cuidados dispuestas para la comunidad.

Frente a ello nos hacemos la pregunta ¿Cómo reconocer las necesidades de cuidado de las mujeres en estos sectores y cómo abordarlos desde la perspectiva de la infraestructura de cuidado? En primer lugar es preciso enmarcar algunos conceptos; según la literatura, el cuidado es una actividad relacional clave para la mantención de la población, donde las acciones que se realizan se basan en las necesidades de otras personas (Tronto, 2015). Esto se vincula con las actividades domésticas, en la medida que éstas contribuyen al bienestar de las personas que nos rodean, pese a ser una actividad poco reconocida y menos remunerada. Por su parte, el concepto infraestructura de cuidado es útil ya que permite identificar accesos a salud, educación y todo tipo de derechos y servicios de la política institucional de cuidado. En particular, este término refiere al conjunto de prácticas y éticas que pueden operar dentro de las instituciones y a través de la política social (Power & Mee, 2020), es decir, todos los espacios que brindan atención de distinto tipo a personas y familias.

En este punto, es importante señalar que, aunque no disponemos de datos específicos sobre el uso del tiempo en sectores rurales en Chile, existen datos en América Latina que permiten identificar algunas particularidades. Por ejemplo, en Costa Rica, la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (2017) indica que las mujeres de sectores rurales dedican 4 horas más a la semana al trabajo doméstico y de cuidados, en comparación con las mujeres de sectores urbanos (de 35 a 39 horas), mientras que en los hombres esta diferencia sólo aumenta en una hora (de 15 a 16 horas).

En este contexto, hemos podido evidenciar en nuestras investigaciones sobre el cuidado en contextos de extractivismo agrario, que cuando hacemos la pregunta por el trabajo doméstico y de cuidado, las mujeres relatan jornadas extenuantes, las que se agudizan al ser asalariadas. Una de las trabajadoras, por ejemplo, relata que las horas de descanso son casi las mismas que las horas en las que duerme, pues al salir de sus casas a las 6 am, regresan a las 16 pm a realizar todo lo que no se hizo en la casa durante el día. Cuando les preguntamos por la infraestructura de cuidado, las mujeres entrevistadas identifican al CESFAM, la posta rural o el hospital más cercano como lugares indispensables; al mismo tiempo que reconocen a la escuela rural como un espacio clave para sus hijos e hijas. Están menos presentes las salas cunas o jardines infantiles, porque hay menos cantidad y son las mujeres y sus familias quienes asumen ese periodo de cuidados. Finalmente, mencionan como un lugar catalizador de demandas al Municipio.

Al profundizar en estos tres espacios, cada uno desarrolla una complejidad particular. Por ejemplo, sobre los centros de salud se indica: “Hay infraestructura diría yo, la atención primaria está bien cubierta, pero después ya cuando empezamos a hablar de especialidades médicas ahí hay conflictos graves” (MP_Marchigüe, 2023). Esto es reiterado al momento de necesitar asistencia especializada, para lo cual se deben mover en promedio 150 kilómetros buscando en el centro urbano más cercano esa atención. Estas opiniones se multiplican en los casos de e personas mayores con enfermedades crónicas, quienes ven deteriorada su salud por la falta de apoyo, teniendo las familias que buscar de forma individual atención privada.

Por su parte, respecto a los espacios educativos, menciona que las escuelas son de 1ero hasta 6to básico, después de ese periodo las y los niños deben migrar a escuelas de los centros urbanos más cercanos o a internados. Para ambas opciones, las distancias indicadas por las entrevistadas son en promedio de 100 kilómetros del centro educativo hasta sus hogares. Sumado a ello, se reitera la preocupación por el cierre de escuelas. Esto se acredita en la encuesta de Bienestar Social aplicada el año 2021, en donde se detalla que entre los años 2004 al 2020 se han cerrado 63 escuelas rurales en la región de O’Higgins (fuente: Datos Encuesta Bienestar Social, 2020). Si bien, se desconoce si responde a una política de unificación institucional, las mujeres lo identifican como un problema: “yo pienso porque todo esto se tiñe de color, de cómo educar más si en los campos chilenos hubiera más educación, más acceso a internet los chiquillos serían otras personas” (P_Pailimo, 2023).

Finalmente, el municipio como catalizador o dinamizador de las necesidades se instala como otra infraestructura que cuida. Sin embargo, como lo señalan las mismas entrevistadas, siempre dependerá de la gestión proactiva de los equipos: “depende del municipio y del trabajo que haga el equipo, el que aborde estos temas. Por ejemplo, ellos pueden, si detectan casos así eeeh, hacer la coordinación interna con los municipios para que otros actores dentro del departamento social y desarrollo comunitario, lleguen a esos casos” (P_Marchigüe, 2023).

Estos antecedentes pueden complementar la generación de políticas que integren estas experiencias. Sobre ello, desde el mes de abril de este año, se ha constituido el Consejo Asesor Presidencial para la elaboración de una Política Nacional e Integral de Cuidados, liderada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, en co-coordinación con el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Además de este importante impulso para comenzar el trabajo de la política, se han desarrollado distintas iniciativas que han favorecido la discusión sobre lo que implica el cuidado, partiendo por el proceso de diálogos “Hablemos de Cuidado” que se ha realizado a lo largo del país y que han tenido la participación de más de 11 mil personas. Otras medidas que se han implementado en paralelo, son la Ley Nº 21.380 que reconoce a los y las cuidadoras a la atención preferente en el ámbito de salud; la actualización del Plan Nacional de Igualdad 2018-2030; y la creación de los centros comunitarios de cuidados y protección promovidos por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), con participación del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, los cuales serán implementados en comunas urbanas y rurales. A estos se suman los programas y medidas impulsadas por Indap-Prodemu, que han sido indispensables para la promoción de la mejor calidad de vida para mujeres de estos sectores.

Frente a esta discusión, es importante considerar estas experiencias para fortalecer las infraestructuras de cuidado y evitar replicar errores que se han observado en otras iniciativas similares en Latinoamérica, donde los programas de cuidado diseñados e implementados en ciudades se instalan en sectores rurales perdiendo legitimidad y sentido debido a la falta de diálogo y adaptación a sus particularidades (Mascheroni, 2021). Por ello, estamos en un momento clave para reconocer y comprender las complejidades del cuidado en estos contextos, y junto con la indispensable discusión sobre infraestructura de cuidado, esto podría marcar una diferencia significativa si es que lo ponemos sobre la mesa.