La discapacidad, en cualquiera de sus formas, no debería traducirse en vivir en condiciones inferiores al promedio de la sociedad.
Para Viviana, cada temblor fuerte es un recordatorio del problema que enfrenta: un techo y paredes en mal estado, las siente como una amenaza y la hacen pensar cómo rescatar a su hijo con discapacidad severa de su casa en caso de un terremoto.
El desafío de Viviana no es único. Muchas familias chilenas, como revelan las encuestas Casen de 2017 y 2022, viven en viviendas con peores condiciones cuando hay una persona con discapacidad permanente en el hogar. Estas estadísticas nos hablan de un problema sistémico que ha marginado a un sector ya vulnerable de nuestra sociedad.
Hay diferencias estadísticamente significativas que muestran que, en promedio, los hogares con personas con discapacidad tienen mayores problemas en materialidad, conservación y calidad del entorno de las viviendas (la distancia entre el hogar y los servicios básicos de salud, transporte y educación), lo cual está demostrado en el estudio Housing deficit for people with disabilities in a radically neoliberal country: Chile’s case, publicado en Research Handbook on Disability Policy en Reino Unido, 2023.
Si bien hay iniciativas que han propuesto alternativas para abordar el problema, como, por ejemplo, el actual proyecto de Constitución Política de Chile, que contempla facilitar el acceso a la vivienda, hay un aspecto fundamental que se ha omitido, y respecto a qué mecanismos hay para conservar estas viviendas a lo largo del curso de vida de las personas. Es crucial que, al abordar la vivienda en la agenda pública, la discapacidad se incorpore en el centro de las discusiones, garantizando no solo el acceso sino también la habitabilidad a largo plazo.
El foco principal de las políticas de vivienda y discapacidad, hasta ahora, ha estado en las viviendas nuevas. Pero ¿qué pasa con las generaciones que ya viven en casas y departamentos en mal estado, en lugares que no son inclusivos?
Por ejemplo, tomemos en cuenta a todas las personas que han recibido viviendas sociales desde principios de los 90 en edificios de 4 pisos sin ascensor, y que han sufrido durante su curso de vida eventos tan comunes en Chile como la amputación de un pie producto de la descompensación diabética, o un ataque cerebrovascular, y que ahora están prisioneros en sus hogares, y que cada emergencia médica es la angustia de horas de espera frente a una ambulancia que pueda trasladar a la persona.
También está el tema de los niños y niñas de regiones que no tienen transporte público con acceso universal, y en que muchas veces el transporte privado se niega a trasladarlos, con madres y padres caminando horas para llegar a los controles de salud. O madres y padres de clase media que deben destinar sus recursos a cuidar los costos no cubiertos por los sistemas de salud, como, por ejemplo, terapias, medicamentos, pañales, entre otros implementos, dejando poco en el presupuesto para conservar sus viviendas.
La discapacidad, en cualquiera de sus formas, no debería traducirse en vivir en condiciones inferiores al promedio de la sociedad. Las viviendas son más que simples estructuras; son lugares en que transcurre la vida de las personas, sobre todo las que tienen un grado de dependencia, y cuando estas viviendas no están en condiciones óptimas, las personas con discapacidad y sus familias enfrentan desafíos adicionales en su vida diaria.
Para abordar esta situación con seriedad y urgencia hay que visibilizar el tema para que la sociedad en su conjunto busque soluciones innovadoras y efectivas. Historias como la de Viviana no deben ser la norma en una sociedad que busca la inclusión y la equidad. Un techo seguro sobre nuestras cabezas es un derecho humano básico que todos, independientemente de nuestras capacidades, merecemos tener.
