Opinión
La Ley 21.595 de Delitos Económicos redefine las reglas del juego en el ámbito empresarial.
En el reciente panorama legislativo, la promulgación de la Ley 21.595 de Delitos Económicos y Medioambientales impone un desafío significativo para el ámbito empresarial. Por ello resulta crucial examinar de cerca los impactos y las estrategias que deben ser considerados por el Directorio y sus principales ejecutivos ante esta nueva realidad normativa.
La gobernanza corporativa, núcleo esencial de la dirección empresarial, se ve directamente afectada por las modificaciones introducidas. La complejidad de esta nueva legislación requiere una revaluación detallada de las prácticas corporativas existentes. Los directores, como custodios de los intereses de la empresa y sus stakeholders, deben abordar esta coyuntura con una diligencia renovada.
En este contexto, las actas del Directorio se tornan instrumentos cruciales. Su estructuración y contenido preciso no solo son una formalidad, sino una salvaguarda esencial para documentar las decisiones y deliberaciones en un marco de transparencia e integridad. Además, la implementación de un seguimiento efectivo de los acuerdos, con plazos y responsables claramente definidos, se convierte en una herramienta para garantizar la ejecución de las decisiones adoptadas.
La entrega de información al Directorio se presenta como un punto de relevancia estratégica. La relevancia, veracidad y oportunidad de la información son criterios que deben ser meticulosamente revisados. La calidad de la información proporcionada es intrínseca para la toma de decisiones informada y, en última instancia, para el ejercicio eficiente de las responsabilidades del Directorio.
Los informes de especialistas se revelan como aliados esenciales en la toma de decisiones cruciales. Frente a decisiones complejas, contar con análisis técnicos, jurídicos o financieros independientes y calificados proporciona una base sólida para las elecciones estratégicas del Directorio. La asignación de recursos presupuestarios para la obtención de estos informes se plantea como una inversión estratégica.
En lo que respecta al Modelo de Prevención de Delitos (MPD), piedra angular en la mitigación de riesgos, las modificaciones normativas exigen una revisión exhaustiva. La identificación de riesgos, protocolos de prevención y adaptación al contexto organizacional son elementos ineludibles. La supresión de la certificación y el énfasis en evaluaciones periódicas por terceros independientes subrayan la importancia de contar con procesos de actualización rigurosos y continuos.
La actualización del MPD demanda una planificación formal y aprobada por el Directorio, donde la atención especial se dirige hacia la revisión de matrices de riesgos que, en este contexto, implican un análisis profundo de las más de 200 figuras penales contempladas en la nueva ley.
En resumen, la Ley 21.595 de Delitos Económicos redefine las reglas del juego en el ámbito empresarial. Desde una perspectiva de Gobierno Corporativo y Compliance, insto a los profesionales y directivos a abrazar esta realidad con una mirada crítica y proactiva. La adaptación a estas exigencias normativas no solo es una necesidad legal, sino también un imperativo ético para la construcción de empresas sólidas y éticas en el escenario empresarial actual.
