El derecho a huelga es una garantía democrática

Recientemente, la Corte Internacional de Justicia confirmó que el derecho a huelga está protegido por el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y que este forma parte inseparable de la libertad sindical y de la capacidad de organización de trabajadores y trabajadoras, lo que marca un hito para el mundo laboral y la democracia.

Durante años y de manera persistente, distintos sectores empresariales y políticos han intentado instalar la idea de que la huelga es una amenaza para el orden o un privilegio excesivo. Se ha buscado reducirla a una mera concesión administrativa, cuando en realidad constituye una herramienta legítima para equilibrar relaciones que, por naturaleza, son desiguales.

En Chile, el reciente anuncio de la Corte Internacional de Justicia adquiere especial relevancia en medio del debate sobre la mal llamada Ley de Reconstrucción Nacional, ya que existen una natural preocupación frente a iniciativas que, bajo discursos de eficiencia fiscal o modernización, terminan debilitando el rol del Estado, precarizando el empleo público y restringiendo espacios de organización colectiva. 

Cuando se busca instalar la idea de que los trabajadores organizados son un obstáculo para el desarrollo, finalmente se termina debilitando la democracia, ya que las organizaciones cumplen una importante función de equilibrio social.

Nuestra experiencia como ANEF demuestra que allí donde desaparece la capacidad de organización y negociación de los trabajadores, crecen la desigualdad, la concentración económica y la influencia desmedida de intereses privados sobre las decisiones públicas. Cuando se debilita la negociación colectiva, suelen aparecer salarios más precarios, mayor fragmentación social y se deteriora la confianza en las instituciones.

Contrariamente al ímpetu de ciertos sectores por debilitar las organizaciones  de trabajadores, la experiencia internacional demuestra que los países más estables y cohesionados son aquellos donde existen contrapesos reales entre el Estado, las empresas y el mundo del trabajo. Chile ya conoce las consecuencias de impulsar transformaciones profundas sin diálogo social efectivo, toda vez que durante muchos años se consolidó un modelo donde el mercado fue reemplazando capacidades del Estado y reduciendo derechos laborales bajo la lógica de la flexibilidad, dejando tras de sí una gran brecha de desigualdad, inseguridad social y desconfianza institucional.

Por eso, la discusión actual no puede limitarse únicamente a balances fiscales o cifras presupuestarias. Lo que está en juego es el tipo de democracia y de Estado que Chile quiere construir. Una democracia sólida requiere trabajadores con derecho a organizarse, negociar y movilizarse legítimamente. Sin esos contrapesos, el poder económico queda prácticamente sin límites. En este escenario, la decisión de la Corte Internacional también tiene un peso simbólico importante, porque reafirma que los derechos laborales forman parte de los derechos humanos, no son privilegios ni beneficios transitorios sino garantías fundamentales para proteger la dignidad de las personas frente a relaciones de poder profundamente desiguales.

El Estado no es un enemigo de la ciudadanía, el Estado está presente en las escuelas, hospitales, políticas sociales, sistemas de emergencia y servicios públicos que sostienen la vida cotidiana. Debilitarlo implica reducir la capacidad del país para enfrentar crisis, desigualdades y desafíos futuros. Resulta preocupante que, mientras organismos internacionales avanzan en fortalecer los derechos colectivos, en Chile algunos sectores insistan en criminalizar la protesta social o presentar al empleo público únicamente como un problema presupuestario.

La opinión de la Corte Internacional puede entenderse como una advertencia, pero también como una gran oportunidad para avanzar hacia un modelo con mayor cohesión social, más diálogo democrático y mejores condiciones laborales. El derecho a huelga, sobre todo después de este valioso reconocimiento, no puede seguir tratándose en nuestro país como una amenaza al orden público cada vez que existe malestar social, porque históricamente ha sido una herramienta democrática para hacer frente a los abusos, arbitrariedades y decisiones que afectan la vida de millones de personas.

Como ANEF, creemos firmemente que defender el derecho a huelga no es solo defender a las trabajadoras y los trabajadores, es, sobre todo, defender una democracia con equilibrio social, con instituciones legítimas y asegura un país más justo para las próximas generaciones. Como organización nacional, estamos atentos a lo largo y ancho del país, velando por que este derecho no sea vulnerado.