Desenredando el nudo macrofiscal

Después de más de una década de crecimiento mediocre, retomar el dinamismo económico se ha convertido en una prioridad indiscutida. Entre 2014 y 2024 el PIB creció en promedio apenas un 2% anual, muy por debajo de décadas anteriores e insuficiente para sostener los compromisos sociales acumulados por gobiernos de todo signo. Chile necesita crecer más.

El problema es que ese objetivo choca con una restricción que tampoco puede ser ignorada: el deterioro de las cuentas públicas. Llevamos 16 años casi ininterrumpidos de déficit fiscal, la deuda bruta llega a 41,5% del PIB y el Fondo de Estabilización Económico y Social está casi en mínimos históricos. Sanear las finanzas públicas es también prioritario. Y aquí está el nudo.

El Gobierno parece tratar la rebaja tributaria y el ajuste fiscal como procesos separados. Ambos forman parte del mismo problema macroeconómico. La secuencia elegida es problemática, porque el recorte del gasto público, que tiene efectos contractivos, también puede deteriorar el entorno social y político necesario para que la rebaja del impuesto corporativo genere el efecto que el propio Gobierno espera sobre la inversión.

La comparación con Argentina, que ha vuelto a circular con frecuencia, ilustra el punto con claridad: allí el ajuste fiscal estuvo acompañado por una ganancia social visible, la reducción de la inflación.

En Chile, en cambio, no habrá una compensación tan visible para la ciudadanía como esa. El costo social del ajuste aparece, por lo tanto, desnudo: solo se ven las reducciones del gasto social en un contexto en que, mirado en su conjunto, el Plan de Reconstrucción es regresivo. Esto debilita la legitimidad de la estrategia y reduce su capacidad de generar expectativas favorables en los inversionistas.

Así, la recuperación del crecimiento corre un triple riesgo. Primero, el riesgo económico de una menor demanda. Segundo, el riesgo de que tensiones sociales emergentes generen peores expectativas. Estos dos riesgos debilitan y retrasan el efecto expansivo eventual de la baja del impuesto corporativo. Tercero, el riesgo político derivado de que en la megarreforma hay muchas cuyo contenido es fundamentalmente regresivo y cuyo vínculo con el crecimiento es débil.

Esta contradicción de corto plazo puede ser autodestructiva. Si el crecimiento permanece bajo por las razones señaladas, el déficit no se corregirá a la velocidad deseada, lo que obligará a un nuevo ajuste que a su vez frenará el crecimiento. Es un círculo vicioso que puede durar mucho, como muestra la experiencia europea. Hay que encontrar la manera de salir de él sin caer en ninguno de sus dos extremos: puro ajuste fiscal sin medidas procrecimiento o solo impulso macro sin consideraciones fiscales.

Mi receta se basa en la idea de que Chile no arriesga una cesación de pagos, no está quebrado y tiene la posibilidad de actuar gradualmente. Podemos transformar al tiempo en nuestro aliado. El desequilibrio estructural de Chile requiere una corrección sostenida, no cirugía de urgencia. Primero, sin cuestionar la reducción del impuesto corporativo, es necesario sacar todas las medidas que no tengan impacto en el crecimiento, tengan costo fiscal y sean regresivas. Son varias y caras. Por ejemplo, reformaría drásticamente la invariabilidad tributaria (menos tiempo, más monto, condicionalidad) y sacaría las contribuciones.

En segundo término, como la baja de impuestos a lo sumo genera un crecimiento transitorio, hay que armar una agenda procrecimiento de largo plazo, basada en el concepto de innovación, aprovechando el dinamismo previsible del sector financiero en los próximos años. Un eje puede ser completar el ecosistema financiero, para que brinde soluciones a todo tipo de empresas y provea un continuo de instrumentos e instituciones de financiamiento.

En tercer lugar, en materia de gasto público, sería ideal proponer una ley que obligue a todos los servicios públicos a que en un plazo breve presenten un plan detallado de ganancias de productividad por el equivalente de 3% por año, por cinco años. Dicho plan debe ser revisado por la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad.

La política económica necesita menos drasticidad y más diseño: focalizar el ajuste tributario en lo que realmente favorece la inversión, proteger el gasto social y la inversión pública y construir una senda de reforma del Estado, que sea consistente con el crecimiento que se pretende fortalecer.