Señor Director:
El sistema de transporte público en la capital del país ha representado un desafío permanente para las políticas públicas, pero sobre todo, desde la puesta en marcha del profundamente cuestionado Transantiago. La ciudadanía sufre y crítica las fallas visibles del sistema, como los diseños de los recorridos, la frecuencia y la saturación en horarios punta; y a la vez, ignora falencias profundas pero más escondidas, como por ejemplo, contratos con ingresos garantizados para los operadores que generan desincentivos para combatir precisamente los problemas más visibles.
A través de una investigación que realicé para comparar el gasto en transporte público en Santiago entre una persona con Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) y otra con tarjeta Bip! me encontré con un vicio en el sistema que se deriva fundamentalmente de los altos precios que posee actualmente la movilización en el Transantiago. Asumiendo 2 viajes diarios por persona, lo que representa un supuesto bastante razonable e incluso que puede subestimar la real demanda por transporte, las diferencias entre el gasto en transporte de la tarifa estudiantil frente a la tarifa completa supera los $336.000 anuales, es decir, más que un sueldo mínimo al año y una cifra que en una familia de los primeros quintiles de la sociedad chilena representa una cantidad absolutamente significativa. Cabe preguntarse entonces ¿Por qué este dato es importante? Y la respuesta deviene del siguiente razonamiento: En Chile, el hecho de pagar una matrícula en una Institución de Educación Superior (I.E.S.) reconocida por el MINEDUC garantiza el obtener el estatus de “estudiante”, y más aún, entrega el derecho a la obtención de la TNE y sus beneficios. En ese marco, haciendo un pequeño estudio a partir del registro de aranceles (referenciales y totales) publicado por el portal de beneficios estudiantiles del MINEDUC, logré comparar el costo de la matrícula en todas las I.E.S. del país con la diferencia entre el gasto anual en transporte con tarifa escolar y con tarifa completa.
El análisis fue realizado en 6 casos diferentes (con el valor de la matrícula entendido como el 50%, 75%, 100%, 125% y 150% del valor del arancel anual divido en 10), considerando y sin considerar el valor de la inscripción de la PSU, y tomando como posibilidad un escenario de 2 viajes diarios semanalmente y 2 viajes diarios solamente en los días hábiles. El resultado es que en la mayor cantidad de los casos, es más conveniente pagar la matrícula de una I.E.S. y obtener el beneficio de la tarifa estudiantil en el transporte público que mantenerse pagando la tarifa completa vigente actualmente (presumiendo el pago de la matrícula, el congelamiento de los estudios y el posterior retiro del establecimiento). Lo anterior, más que reflejar la posibilidad de disminuir el gasto neto anual en transporte, deja en evidencia falencias en los cimientos de la constitución del sistema de transporte público de la capital.
Reducir o eliminar beneficios estudiantiles claramente no es una solución a esta situación y además generaría una nueva ola de movilizaciones estudiantiles como las que ocurrieron el año 2006. Por otra parte, endurecer los criterios de matrícula en las I.E.S. tampoco es una respuesta, pues implicaría innegablemente una política de discriminación arbitraria a la hora de entrar a la educación superior. La verdadera necesidad es la de realizar una revisión profunda y estructural del sistema de transporte en Santiago con el objetivo de reducir los costos de vida asociados al mismo para la población y de ese modo, asegurar el derecho a transportarse por la ciudad.
Alejandro Berezin
Magister en Economía y Políticas Públicas
Universidad Adolfo Ibáñez
