Señor Director:
Es una gran sorpresa la polémica que se ha desatado en torno del anuncio del presidente Piñera de negociar con las concesionarias viales, los reajustes anuales que experimentan los contratos de obras viales concesionadas por separado y que fueron firmados en representación del Estado por Gobiernos de la Concertación, Chile Vamos y la Nueva Mayoría. Justamente esos gobiernos debieron cuidar el adecuado equilibrio entre la provisión de las obras y el pago del usuario, equilibrio que hoy es ampliamente cuestionado por los usuarios de las vias. Para constatar mediante un valor comparativo real simple, el pago en hora punta de un kilómetro es más de un kilo de pan corriente, y en algunos tramos, bastante más.
El problema de hoy está en manos del Ministro Fontaine, quien ha mostrado pragmatismo a la hora de decidir ajustar algunos contratos de obra y de concesiones, sin los ineficientes procesos jurídicos que normalmente aumentan el costo final de la renegociación. atendido eso, la exposición de Bitrán y Engel tiene asidero, pues la opinión de estos reputados economistas deben ser considerada, no tanto en el aspecto panfletario, si no en la disciplina económica denominada Teoría de Contratos. Con ella se pueden analizar jugadores, sus estrategias y los pagos que resultarán de la renegociación con reglas que se denominan Leyes de la República, del (o los) decreto(s) que debe(n) pasar a toma de razón de la Contraloría y que además debe cumplir con el plazo definido por el presidente. Si sabemos que Fontaine ya renegoció el denominado Free Flow con una extensión de los contratos con mayor plazo, tanto él como las concesionarias saben como juega cada quien, por lo tanto el resultado es conocido. El aspecto central del problema es evaluar si este resultado es el mejor para Chile, incluídos los automovilistas, camioneros y autobuseros de las propias vias, como peatones, ciclistas y usuarios de las vías no concesionadas por el efecto futuro del aumento de la congestión al bajar los peajes. La pregunta es compleja, porque al ser un proyecto público que involucra tanto a los usuarios de las autopistas como los que no lo son y desafía a que el Gobierno se pronuncie por la promesa realizada hace mas de 20 años por el Estado, respecto a que una vez terminada la compensación por la
inversión inicial, los peajes reflejarían los costos de conservación. Por tanto, como usuarios de las vías concesionadas, tenemos el derecho de hacer reflexionar a la autoridad en que debe buscar un equilibrio de Nash (algo así como todos contentos); Un resultado que no comprometa excesivamente a los fondos públicos ni aumente rentabilidad privada a costa de alargar asintoticamente el período de la concesión dado el contexto tecnológico dinámico de transporte
terrestre. Y sobre los llamados telefónicos, esa es una estrategia que se denomina «dominada», por lo que cualquier buen jugador no la debería usar nunca más, en este tipo de juegos sociales, con lo cual deberíamos denominar la carta de los citados economistas como «Una incierta política pública».
Emiliano Vargas López
Ingeniero Comercial
Magister en Economía UAH
