Señor Director:
La crisis económica gatillada como consecuencia de la expansión del COVID-19 ha impactado profundamente en el sistema terciario de educación. Muchas familias han perdido su fuente de ingreso o han precarizado su situación laboral, imposibilitando el pago arancelario en instituciones universitarias y técnico-profesionales.
Y son precisamente en estas últimas entidades donde los efectos de la crisis se hacen sentir con mayor fuerza, toda vez que en el sector de Educación Superior Técnico Profesional (ESTP) estudian alumnos con mayores índices de vulnerabilidad, por lo que la mayoría de ellos debe trabajar para costear el arancel.
En esta línea, es preciso enfatizar que hoy más de la mitad de las personas que ingresa a la educación superior elige carreras técnicas y profesionales, no universitarias, razón por la cual resulta esencial que las medidas de financiamiento impulsadas por el Gobierno, para paliar los efectos de la emergencia, deben centrarse en las personas y no en las instituciones. Valoramos las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo, pues significan un apoyo concreto en momentos de necesidad.
Sin embargo, esta crisis nos vuelve a reiterar que los paradigmas y transferencias históricas de recursos a la Educación Superior deben ser revisadas, el foco debe ser el estudiante-ciudadano, que espera del Gobierno y de los legisladores cambios y apoyos acorde a la emergencia y necesidades futuras. Por lo tanto, ello debe reflejarse en la Ley de Presupuesto de la Nación para 2021, de modo que los sectores más vulnerables de la población –que en términos de prosecución de estudios superiores evidencian una gran concentración en el subsector técnico profesional– no vean aún más afectados los proyectos de vida a través de los cuales buscan, precisamente, salir de su situación de precariedad.
Sergio Morales Díaz
Rector
CFT San Agustin
