Corte Penal Internacional: hito de las consolidaciones democráticas y de civilidad mundial

El establecimiento de una jurisdicción internacional en materia penal, a cargo de un Tribunal Internacional Permanente, con el objeto de investigar, juzgar y sancionar los crímenes internacionales más graves, como el genocidio, los crímenes de guerra, los de lesa humanidad y el crimen de agresión, parecía hasta hace solo unas décadas atrás una idea imposible.

Los intentos por desarrollar una jurisdicción internacional penal -surgidos después de la Segunda Guerra Mundial- se caracterizaban por instituir tribunales ad hoc, creados por las potencias vencedoras (como fue en Núremberg y Tokio) o por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (como fue en la antigua Yugoslavia y en Ruanda).

La consolidación de un sistema penal internacional no reside en un asunto de poderes y lógicas de hegemonía, sino en la capacidad de diversos continentes, países y pensamientos políticos de converger en la necesidad de dotar al mundo de una jurisdicción capaz de investigar, enjuiciar y sancionar, en su caso, la comisión de delitos de extrema gravedad que merecen una condena transversal y robusta.

En efecto, la generación de un sistema de fiscalía, defensa y tribunales en materia penal internacional, capaz de actuar en subsidio de las jurisdicciones nacionales cuando estas no puedan o no quieran administrar justicia, representa un esfuerzo civilizatorio y un paso que da cuenta de la capacidad de las naciones de consensuar la necesidad de proteger bienes jurídicos esenciales para la supervivencia de la comunidad internacional.

Los delitos de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra y de agresión, representan una de las transgresiones más graves y condenables en la esfera de los derechos de las personas y las comunidades. Tras estas conductas se esconden las acciones que colocan en riesgo a la humanidad, a su capacidad de convivencia, a la capacidad de reconocer los valores centrales sobre la base de los cuales se deben generar las reglas de convivencia entre grupos, pueblos, etnias, ciudadanos, y naciones.

La adopción del Estatuto de Roma en 1998 y la instalación de la Corte Penal Internacional a partir del año 2002 dio origen a una jurisdicción dotada de capacidades de investigación, defensa y juzgamiento de hechos delictivos que debían ser conocidos por los Estados afectados, o en su defecto, y de conformidad al principio de complementariedad, por una jurisdicción internacional. Hoy existe un reconocimiento y adscripción a este estatuto y jurisdicción de 125 países, que evidencia el enorme consenso político transversal para justificar la existencia de una institucionalidad para enfrentar las atrocidades penales más graves que pueda imaginar la comunidad internacional.

Desde luego, existen problemas pendientes que deben ser analizados para mejorar el sistema, lo que supone revisar reglas, modelos de investigación oportuna, recursos, mecanismos idóneos, entre otros.

Más allá de las reglas, instituciones, éxitos y problemas pendientes de acometer por parte de la Corte Penal Internacional, la misma representa un símbolo asociado a la capacidad de las naciones de acordar la protección especial de los pueblos y comunidades frente a la comisión de crímenes a gran escala que conmueven la conciencia de la humanidad.

Acordar perseguir y sancionar este tipo de crímenes internacionales representa un consenso transversal en torno a valores básicos que resulta necesario, elogiable y de crítica trascendencia para la convivencia del mundo.

En consecuencia, el fortalecimiento de la Corte Penal Internacional es hoy más necesario que nunca.