El deporte, la cartera de paso

Natalia Duco duró poco más de cinco meses como ministra del Deporte. Renunció junto a su subsecretario, Andrés Otero, después de que un video contradijera la versión que su cartera le había entregado a la Contraloría sobre el uso de un vehículo fiscal.

El episodio tiene su propio peso noticioso -no era, de hecho, el primer traspié de su breve gestión-, pero mirado con distancia dice menos de Duco que del lugar que el deporte ocupa en la arquitectura de un gobierno.

La lista de críticas a su gestión es, en rigor, larga: los cuestionamientos por sus declaraciones sobre la indumentaria de las deportistas, las dudas que instaló sobre la continuidad de la candidatura de Santiago a los Juegos Olímpicos de la Juventud 2030 a días del plazo ante el Comité Olímpico Internacional, y el manejo comunicacional del conflicto por los conciertos de BTS en el Estadio Nacional, que el propio Instituto Nacional del Deporte terminó autorizando semanas después de negarlo. Ninguno de esos episodios explica por sí solo la salida; juntos construyeron la sensación de una gestión que perdía el control del relato antes de perder el cargo.

Desde que el Ministerio del Deporte se creó en 2013, ha tenido ocho titulares: un empresario, una psicóloga sin trayectoria deportiva, un atleta olímpico, una esquiadora, una abogada, una futbolista, un jugador de fútbol y, ahora, una lanzadora de bala que duró cinco meses. La rotación es alta incluso para el estándar de un gabinete chileno y el patrón es revelador.

En la mayoría de los casos pesó más el prestigio deportivo -o, a falta de este, la cercanía política- que la experiencia en gestión pública, como si el cargo funcionara como un lugar de representación, antes que como una jefatura de política.

Eso no es casualidad. El deporte es, en casi cualquier gobierno de la región, una cartera de bajo costo político: nadie cae por una crisis ahí, como cae un ministro del Interior por una crisis de seguridad. Esa liviandad hace cómodo instalar figuras con prestigio simbólico, sin que una salida abrupta pese demasiado en la evaluación del gobierno. Pero esa liviandad, vista desde el sistema deportivo, no existe. Cada cambio de cúpula tiene un costo real que no paga quien nombra ni quien renuncia.

La primera en pagarlo es la propia institucionalidad deportiva: el Instituto Nacional del Deporte ya venía golpeado por la salida de Lorena Castillo, entonces directora nacional subrogante, y llega a esta vacancia sin haber asentado del todo su conducción. La ambigüedad que rodeó a la propia ministra -si correspondía seguir cobrando su Beca Proddar una vez asumido el cargo- tampoco es un caso aislado: días antes de su salida, un diputado pidió a la Contraloría revisar la misma situación en una seremi regional del Deporte. Son reglas básicas sobre cómo compatibilizar ser beneficiario de un programa deportivo y ser, a la vez, su autoridad, y quedan sin resolver justo cuando más cambia la cúpula que debería aclararlas.

Los organismos regionales y los clubes que dependen del Instituto Nacional del Deporte para infraestructura quedan igual de expuestos, sin nadie con autoridad plena para resolver lo pendiente. El calendario competitivo tampoco es una excepción: los Juegos Deportivos Nacionales, ya cancelados en su gestión, necesitan planificación con años de anticipación, no encargados interinos apagando incendios.

Nada de esto exige zanjar si Duco fue buena o mala ministra -las críticas a su gestión fueron reales y numerosas, como se vio-; el punto es más general.

Cuando una cartera se trata como un cargo de paso, la discontinuidad se vuelve la forma normal de operar: cada ministro instala su propio equipo y rearma vínculos que la gestión anterior ya había construido. Ese costo no aparece en ninguna encuesta de aprobación presidencial, pero sí en cada federación que depende de reglas claras y estables para planificar su próximo ciclo.