Las señales “iliberales” de la reforma constitucional del gobierno que inquietan al Congreso

El ingreso con suma urgencia de la reforma constitucional en el marco de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT),  fue antecedido por un complejo debate al interior del oficialismo respecto al riesgo para la institucionalidad al establecer excepciones de caracter legal en la Constitución.

A pesar de moderar el contenido e introducir ocho modificaciones a la Carta Fundamental -a diferencia de las 11 medidas originales- persisten las dudas en las filas de Chile Vamos respecto a los riesgos que implica aumentar las potestades presidenciales en el nuevo estado de excepción constitucional de seguridad y la restricción de prestaciones sociales para condenados por delitos referidos a crimen organizado y conductas terroristas, lo que quedará regulado vía ley de quórum calificado.

La senadora y presidenta de Renovación Nacional, Andrea Balladares, manifestó sus aprensiones al proyecto ingresado este lunes por el gobierno. “Hoy día ya tenemos un texto presentado que todavía yo creo que tiene hartas dudas, hay espacio para mejorarlo”, dijo en T13 Radio. 

En esa línea, dentro de las principales preocupaciones mencionó “las inhabilidades a garantías constitucionales como salud, educación” y la importancia de saber “cuál es el objetivo final”. 

Por su parte, el senador y presidente de Evópoli, Luciano Cruz-Coke manifestó a través X, que el estado de excepción de seguridad “concede poderes excesivos a Presidente que jamás querría en manos de oposición, debe ser corregido”.

“No se justifica en democracia dar atribuciones al Ejecutivo sin control del Congreso en 240 días”, sentenció. 

Asimismo el senador independiente (bancada Evópoli), Matías Walker, insistió en sus críticas a la estrategia del gobierno y acusó al ministro de Seguridad, Martín Arrau, de proponer “un tercer debate constituyente para dividir a los chilenos”. “240 días de estado de excepción sin control del Congreso, afectando los derechos y libertades más básicas: así mueren las democracias”, advirtió. 

Con todo, a los cuestionamientos parlamentarios también se han sumado académicos y abogados constitucionalistas, quienes han manifestado preocupación por las tendencias de carácter “iliberal” que se expresan en el contenido de la reforma. Esto relacionado con la supresión de derechos individuales, el aumento en la concentración del poder presidencial, la reducción de libertades públicas, entre otros temas. 

Una de las alertas apunta a la incorporación del artículo 42 bis para la creación del estado de excepción constitucional de seguridad pública, “en caso de amenaza grave e inminente contra la seguridad pública o cuando ésta haya sido gravemente afectada, el cual lo declarará el Presidente de la República, determinando las zonas afectadas por dichas circunstancias”. 

A diferencia de los otros estados de excepción regulados en la Constitución -asamblea, sitio, emergencia y catástrofe- este podría extenderse 120 días, “sin perjuicio de que el Presidente de la República pueda prorrogarlo por igual período”, es decir, por hasta 240 días sin control del Congreso. Y permite un abanico de restricciones de derechos más amplio. 

“Por la declaración del estado de excepción de seguridad pública, el Presidente de la República podrá suspender o restringir la libertad personal y de locomoción y el derecho de reunión. Podrá, asimismo, restringir el ejercicio del derecho de asociación, interceptar, abrir o registrar documentos y toda clase de comunicaciones y disponer requisiciones de bienes”, señala el texto. 

“Constitucionalismo autoritario”

En esa línea, la reforma resulta especialmente relevante frente a un contexto de popularidad asociada a la política de seguridad, lo que -a juicio del Ejecutivo- otorga legitimidad para modificar constitucionalmente las reglas institucionales. 

Además de la privación de derechos a los condenados por crimen organizado y terrorismo, para el abogado constitucionalista, Tomás Jordán, otro de los elementos preocupantes es precisamente la formulación de un estado de excepción que otorga “un margen de arbitrariedad al Presidente para calificar cuando está en grave peligro la seguridad pública, respecto de quiénes y en qué lugares”.

“Es una medida sin control. Además, se sostiene en una hipótesis abstracta que es equivalente casi al estado de guerra, en atención a la intervención de los derechos fundamentales, especialmente la interceptación de las comunicaciones. Por tanto, radica única y exclusivamente en el Presidente de la República definir que una zona tiene ciertas características que deben ser intervenidas. La cuestión es que la reforma no fija márgenes objetivos para esa calificación, en atención a que el Congreso interviene muy tardíamente”, advierte Jordán. 

En esa línea, el académico de la Universidad Alberto Hurtado, señaló a El Mostrador que “estamos en una situación constitucional en la cual podemos estar en riesgo o estamos ad portas de un constitucionalismo autoritario”. 

“La propuesta es una hipótesis abierta respecto a lo que el Presidente califique como grave riesgo o en una grave situación que afecta a la seguridad pública. En ese sentido, el constitucionalismo de corte autoritario tiene que ver con la ausencia de controles al ejercicio de la potestad”, advirtió. 

El iliberalismo de Kast 

Para el doctor en Filosofía Política, Cristóbal Bellolio, es pertinente hablar de un acercamiento iliberal por parte del gobierno, considerando -por ejemplo- las motivaciones iniciales que fueron presentadas en el borrador de la reforma constitucional, respecto a la interpretación que el Tribunal Constitucional ha hecho de los derechos individuales. 

“El gobierno busca cambiar la Constitución para que la voluntad de mano dura expresada por el pueblo en las urnas, sea capaz de revertir ese equilibrio favorable a las libertades individuales, especialmente de aquellos que delinquen”, señaló a El Mostrador. 

En ese sentido, Bellolio calificó como “inquietante” que vía reforma constitucional, el gobierno justifique su motivación porque le molesta la forma sobre cómo uno de los contrapesos -en este caso el TC- ha venido ejerciendo ese rol y, por lo tanto, “va a intervenir la Constitución para revertir el equilibrio de su ecuación”.

“La otra cuestión que tiene un tinte iliberal, es lo que propone hacer. Al reescribir el equilibrio entre libertades individuales y control del orden público, en este caso, arrebata libertades individuales. Le dice a algunas personas que no van a tener acceso, como penas accesorias, a prestaciones en materia de salud, educación y otras. Y la gracia de esos derechos y libertades es que son para todos -con independencia de su raza, género, credo, posición social, y también de sus antecedentes penales- y, por lo tanto, establece una especie de jerarquía entre ciudadanos de primera y segunda clase, lo que rivaliza con la noción universalista de los derechos individuales en la teoría liberal”, indicó el académico de la UAI.

“Entonces, se refiere uno al iliberalismo de Kast, especialmente en esta semana, apuntando a la justificación de la reforma y a uno de los pretendidos resultados de la reforma”, sentenció. 

La incomodidad de los contrapesos

En América Latina y otras regiones existen antecedentes en que gobiernos democráticamente electos utilizaron la vía constitucional para modificar los contrapesos que limitaban su poder. 

El caso de Nayib Bukele en El Salvador resulta ilustrativo para la discusión actual sobre seguridad. Bajo un gobierno legitimado políticamente por su ofensiva contra las pandillas, el país aprobó en 2025 una reforma que eliminó los límites a la reelección presidencial. Asimismo, en marzo de este año la Asamblea Legislativa, dominada por el partido gobernante Nuevas Ideas (NI), dio luz verde a una reforma constitucional impulsada por el presidente salvadoreño, que permite la cadena perpetua para “homicidas, violadores y terroristas”. 

Las principales advertencias han instalado la pregunta sobre qué ocurre con los contrapesos cuando la Constitución comienza a utilizarse como instrumento para ampliar el margen de acción del Ejecutivo, reducir restricciones institucionales o convertir una coyuntura política -en este caso, la demanda por seguridad- en fundamento para alterar las reglas institucionales.

En ese contexto, a juicio de Cristóbal Bellolio, es importante hacer algunas precisiones frente al rótulo “iliberal” que podría representar parte del despliegue del Presidente José Antonio Kast. 

“Nos referimos a liderazgos que abandonan el compromiso con una serie de reglas que definen una democracia liberal. En específico, se utiliza para hablar de aquellas personas que en el nombre del pueblo tienden a cercenar o limitar los contrapesos que toda democracia liberal tiene al ejercicio del poder”, explicó. 

Conforme a lo anterior, agregó, los contrapesos “están establecidos justamente para limitar la voracidad de la voluntad popular, que pueden ser desde tribunales constitucionales, la independencia del Poder Judicial, tratados internacionales, el Banco Central, etc”. Engranaje de la democracia liberal que incluye “libertades individuales, derechos de las minorías, el debido proceso, es decir, cuestiones que no pueden violarse ni aún en nombre de una mayoría política contingente”. 

“Entonces cuando denominamos a alguien como iliberal es quien llega al poder de forma democrática pero no comparte que el poder del pueblo deba estar constreñido por esta camisa de fuerza de contrapesos”, aclaró.  

En esa línea, Bellolio ha declarado anteriormente que el “iliberalismo” de Kast, podría remitirse a su insistencia por “exasperar los mecanismos legales destinados a asegurar el orden público”, bajo el concepto de gobierno de emergencia.  

“Sin embargo, algunos temen que esa lógica derive en un estado de excepción permanente, de aquellos que permiten al jefe de gobierno concentrar poderes extraordinarios y restringir discrecionalmente libertades personales. Nada de esto resultaría sorprendente en La Araucanía o en el norte para controlar la inmigración clandestina. La pregunta inquietante es si esa excepcionalidad se extendería también al resto del país, en nombre de poner orden de una vez por todas”, señaló el académico de la UAI en una columna publicada por Ex-Ante.