Señor director:
No deja de llamar la atención que nuestra “Ministra de la Mujer”, Mónica Zalaquett, haya manifestado su oposición al proyecto de despenalización del aborto que se discute hoy en el congreso. En especial que dicha oposición carezca, hasta el momento, de razones de fondo que permitan superar la clásica disputa binaria reflejada en la pregunta ¿Está usted de acuerdo o no con el aborto? Pero, cómo debiera saber bien la autoridad, esta es, ciertamente, una pregunta anodina pues lo que el Proyecto pretende afrontar es una cruda realidad: ya sea legal o no, las mujeres se practican abortos y está comprobado que las leyes que lo penalizan estigmatizan un procedimiento médico seguro que obliga a muchas mujeres jóvenes, pobres y sin educación, a recurrir a servicios de aborto ilegal. En Chile los abortos inseguros son un peligro sólo para quienes no pueden financiarse, en el sistema sanitario privado, una interrupción del embarazo sin riegos de manera clandestina.
Entonces, propongo a la autoridad de gobierno cambiar la pregunta por la que sigue ¿Cuáles son las consecuencias sanitarias y sociales de la actual legislación penal?
En primer lugar, las consecuencias sanitarias son bien conocidas. El aborto clandestino significa que las mujeres recurrirán a instrumentos punzantes o al uso de sustancias peligrosas por vía oral o perfusión vaginal. Para los abortos practicados con instrumentos punzantes (como las agujas) las consecuencias más comunes son perforación uterina, de vejiga, recto y desgarros del cuello del útero. Las consecuencias de esas lesiones son peritonitis, abdomen agudo, hemorragias, extirpaciones uterinas, fístulas rectales con incontinencia urinaria y fecal o muerte por shock hipovolémico o shock séptico. A su turno, a las mujeres a quienes estos métodos les provocan pavor, buscan lavados vaginales con sustancias variadas la ingesta, por vía oral, de distintas medicaciones. En esos casos, las consecuencias más frecuentes serán quemaduras químicas graves localizadas con lesiones deformantes y esterilidad, hipertensión, edema pulmonar, paro cardíaco y embolia ¿Ha calculado la Ministra de la Mujer las consecuencias sanitarias de los abortos clandestinos?
En segundo lugar, hay que reflexionar sobre las consecuencias sociales de la regulación penal. La actual legislación obliga a las mujeres a elegir entre el aborto clandestino y la maternidad bajo coacción, es decir, la prohibición penal de abortar no se limita a prohibir un hacer, sino que obliga además a una opción de vida, que es la maternidad. Pero, como sostiene Ferrajoli, la constricción penal para convertirse en madres impone a las mujeres no sólo el no abortar, sino que supone una conmoción vital de incalculable alcance. No sólo la gestación y el parto, sino la renuncia a proyectos de vida diversos, la obligación de educar y mantener a un hijo, en una palabra, la constricción a una especie de servidumbre. Quienes defendemos la despenalización del aborto somos mujeres que queremos poder elegir, sin peligro y autónomamente, nuestro proyecto de vida, tal y como lo hacen los hombres.
Alejandra Zúñiga Fajuri
Candidata a Convencional por el distrito 7.
Profesora de Derecho Constitucional. Universidad de Valparaíso
