Señor Director:
El día 29 de noviembre, el Consejo Universitario de la Universidad de Chile aprobó un alza de 12,3% en todos los aranceles y matrículas de las carreras de pregrado, obedeciendo a la variación del IPC (12,8%) y a la obvia inflación que ha afectado a nuestro país, significando aumentos en los aranceles desde los 300.000 hasta los 700.000 pesos.
Cabe preguntarse cómo esto afectará a la continuidad de estudios, especialmente, de aquellas personas que no cuentan con gratuidad y deben costear directamente el alza desde sus bolsillos, y si esta decisión va de la mano con el rol público que dice tener la Universidad.
Como estudiantes sabemos que esto se da dentro de un contexto amplio: el estancamiento económico ha aumentado los costos de todo, han existido reajustes salariales en el sector público y el aumento del financiamiento estatal a las instituciones de educación superior estatales ha sido ínfimo, pero también sabemos que el costo de todo esto no puede venir exclusivamente de nuestros bolsillos, en especial cuando mucha gente ha quedado cesante, no se le ha reajustado el sueldo adecuadamente, o simplemente los ahorros que tenían no tienen la misma capacidad que hace uno o dos años atrás.
Es hora de que avancemos hacia un nuevo modelo de financiamiento para la educación superior, donde no se tengan que pasar por estos apuros en tiempos de crisis.
Gustavo Brito Díaz
Estudiante y Consejero de la Facultad de Gobierno UChile.
