Vaca muerta y la lección que Chile parece olvidar
Señor Director:
La columna de Francisco Bascur sobre integración energética entre Chile y Argentina tiene el mérito de recordar que los proyectos energéticos ya no dependen exclusivamente de variables técnicas o financieras. Sin embargo, deja fuera una dimensión que la experiencia chilena debería impedirnos ignorar: la diferencia entre seguridad energética y resiliencia energética.
Durante los años noventa, Chile construyó una parte importante de su expansión eléctrica sobre la base del gas argentino. La decisión parecía impecable. Existían abundantes reservas, cercanía geográfica, infraestructura disponible y precios competitivos. La seguridad energética parecía garantizada. Sin embargo, la crisis de los cortes de suministro entre 2004 y 2008 mostró que una cosa es disponer de energía bajo condiciones normales y otra muy distinta es mantener el suministro cuando esas condiciones desaparecen.
Chile descubrió entonces que poseía seguridad, pero no resiliencia. Dependía crecientemente de un combustible, de un proveedor y de decisiones políticas adoptadas fuera de sus fronteras. Cuando Argentina enfrentó restricciones internas, los contratos cedieron frente a las necesidades domésticas. Lo que colapsó no fueron los gasoductos. Lo que colapsó fue la expectativa de estabilidad sobre la cual se habían construido inversiones de largo plazo.
Los costos fueron considerables. Estudios de la época estimaron sobrecostos iniciales para el sistema eléctrico cercanos a US$350 millones anuales. Los costos marginales de generación pasaron desde niveles próximos a US$15 por MWh a episodios cercanos a US$200 por MWh. Investigaciones posteriores sugieren que el shock energético pudo restar hasta dos puntos porcentuales al crecimiento potencial de la economía chilena durante parte de la década siguiente. A ello se sumaron menores ingresos fiscales, mayores costos para hogares y empresas, retrasos de inversión y miles de millones de dólares destinados posteriormente a reconstruir seguridad energética mediante terminales de GNL, infraestructura de respaldo y diversificación de abastecimiento.
Por eso la pregunta estratégica que plantea hoy Vaca Muerta no es cuánto gas existe bajo el subsuelo argentino ni cuán atractivos parecen los precios actuales. La pregunta es otra: ¿qué ocurrirá cuando aparezca el próximo shock? Una crisis económica, una emergencia climática, una ola de frío excepcional o un cambio de prioridades políticas pueden alterar nuevamente las condiciones presentes. Y cuando eso ocurre, los Estados priorizan legítimamente sus necesidades internas.
La discusión tampoco puede ignorar que las inversiones energéticas operan con horizontes de varias décadas. Vaca Muerta requiere compromisos de largo plazo. Las redes eléctricas poseen vidas útiles superiores a cuarenta años. Los proyectos de hidrógeno verde dependen de marcos regulatorios estables durante generaciones de inversión. Al mismo tiempo, la descarbonización global, los cambios tecnológicos y las transformaciones geopolíticas modifican permanentemente las condiciones futuras de demanda.
La verdadera dificultad de la integración energética no consiste solamente en coordinar actores o construir legitimidad territorial. Consiste en coordinar expectativas futuras bajo condiciones crecientemente inciertas.
La integración energética puede ser beneficiosa para ambos países. Pero la experiencia demuestra que abaratar costos no es lo mismo que aumentar resiliencia. Confundir ambas cosas fue uno de los errores más costosos de la política energética chilena reciente.
Chile ya pagó una vez el precio de olvidar esa diferencia. Convendría no volver a hacerlo.
Jessica Cuadros Ibáñez
Economista
