La lucha invisible de la integración energética entre Chile y Argentina

Chile y Argentina han vuelto a poner la integración energética en la agenda de sus conversaciones bilaterales, una agenda para fortalecer la seguridad energética regional y abrir nuevas oportunidades económicas a ambos lados de los Andes que incluyen gas natural, interconexión eléctrica, transmisión y desarrollo de inversiones.

El contexto ayuda a explicar por qué este movimiento es tan importante. En un entorno internacional de incertidumbre geopolítica y presión en la cadena de suministro, Vaca Muerta (norte de la Patagonia Argentina, Cuenca Neuquina), está comenzando a emerger como uno de los activos energéticos más estratégicos de América del Sur. Esta semana YPF presentó un proyecto cercano a los 25 mil millones de dólares para acelerarlo y se espera que sus exportaciones alcancen un máximo de más de 6 mil millones de dólares al año para 2032.

En cuanto a Chile, la situación podría traer oportunidades concretas para todos los involucrados. Estabilidad en el suministro, competitividad en los suministros energéticos y mejor apoyo para industrias intensivas en energía como la minería, los centros de datos, el hidrógeno verde y la manufactura avanzada, si uno tomara el escenario donde solo está en línea con lo que Argentina ya ha hecho bien; para Argentina, sin embargo, se trata de acceso a mercados, infraestructura y la consolidación de inversiones a largo plazo.

Pero el problema con esta nueva fase no es solo de gasoductos, contratos y capacidad instalada. Los sistemas energéticos contemporáneos conviven con territorios cada vez más estructurados, comunidades hiperconectadas y un número creciente de ciudadanos que esperan niveles cada vez mayores de visibilidad ambiental, apertura y participación.

Desde lo anterior, el proceso social de socialización y comunicación juega un papel importante.

Según Manuel Castells, quien escribió que el poder ya no es solo dominio de las instituciones formales, sino que puede influir en los flujos de información y comunicación en una “sociedad en red”, este cambio explica gran parte de lo que hacemos en lugares como áreas de energía o minería o proyectos de infraestructura a nivel regional hoy en día.

A medida que la realidad política ha cambiado gradualmente, la conversación pública ha estado durante mucho tiempo fuera de las manos de los gobiernos, las empresas y los medios de comunicación masivos establecidos. Se está articulando, desde redes sociales y plataformas digitales hasta organizaciones territoriales e incluso liderazgos locales, que pueden girar narrativas, catalizar controversias y escalar conflictos en solo horas.

El caso de HidroAysén (hace más de 10 años) es un ejemplo. Aparte de ser técnicamente factible, el proyecto se volvió inviable ya que no tenía la capacidad de interpretar de manera adecuada el nuevo ecosistema territorial, comunicacional y cultural que comenzaba a emerger en el país.

Hoy estamos viendo algo similar con diferentes proyectos energéticos en la macrozona sur. El conflicto no es solo una reacción a una dimensión ambiental objetiva. También está relacionado con la desconfianza institucional, las identidades territoriales, las nociones de centralismo y las preocupaciones sobre cómo se distribuyen de manera significativa los beneficios del desarrollo.

Este es el punto en el que las relaciones comunitarias y los asuntos públicos ya no se ven como dos disciplinas relacionadas, sino que se convierten en aspectos fundamentales para decidir la viabilidad de cualquier inversión.

La integración energética de Chile y Argentina podría crear un escenario prometedor para el desarrollo futuro regional, pero si la conversación se limita exclusivamente a los ministerios de relaciones exteriores, los equilibrios económicos o las urgencias energéticas, el peligro es avanzar más rápidamente que la posibilidad de construir legitimidad social.

La competitividad de los proyectos, además, también está dictada hoy por la gobernanza territorial, el desempeño social y la lectura temprana de escenarios políticos y comunitarios.

La infraestructura energética no solo vincula sistemas eléctricos o mercados. También redefine las relaciones entre el estado, las empresas y los territorios.