Más cárceles no bastan
Señor director:
La reciente proyección del Gobierno, que estima que Chile tendrá 76 mil personas privadas de libertad al año 2036, constituye una alerta que no puede abordarse únicamente desde la construcción de nueva infraestructura penitenciaria. Según cifras oficiales de Gendarmería de Chile al 31 de diciembre de 2025, el sistema ya opera con una sobrepoblación cercana al 47%: existen alrededor de 42.400 plazas disponibles para más de 62.300 personas privadas de libertad, y al menos diez establecimientos penales albergan más del doble de internos que su capacidad.
Si esa es la realidad actual, resulta indispensable que cualquier plan de expansión vaya acompañado de una política criminal coherente, capaz de enfrentar las causas que explican el aumento sostenido de la población penal.
En primer lugar, es necesario volver a entender que la prisión preventiva constituye una medida cautelar excepcional y no una forma anticipada de cumplimiento de pena. Hoy, más del 37% de las personas privadas de libertad se encuentran sujetas a investigación y no han sido condenadas, una cifra que obliga a revisar críticamente el uso que se está haciendo de esta medida.
En segundo término, la evidencia demuestra que la reinserción social, especialmente en programas ejecutados en el medio libre, produce mejores resultados que el encarcelamiento en determinados casos, particularmente respecto de adolescentes infractores de ley. En Chile, estos programas presentan tasas de no reincidencia cercanas al 73%, mientras que la reincidencia en los centros cerrados alcanza aproximadamente un 53%. Ignorar esa evidencia implica desaprovechar una herramienta eficaz para disminuir la delincuencia en el largo plazo.
Asimismo, resulta necesario revisar la política de libertad condicional. Las cifras de Gendarmería muestran que entre 2014 y 2024 las libertades condicionales disminuyeron un 61,5% a nivel nacional. La tendencia se ha profundizado: durante el proceso correspondiente a 2026, la Comisión de Libertad Condicional de la Región Metropolitana otorgó este beneficio a solo un 2,3% de los postulantes; en Valparaíso, al 3,7%, y en La Serena, al 3,5%. Sin desconocer el necesario rigor en su concesión, una aplicación excesivamente restrictiva termina agravando la sobrepoblación penitenciaria sin aportar necesariamente mayores niveles de seguridad.
Por último, también corresponde avanzar en mecanismos tecnológicos de control que permitan sustituir, en casos legalmente procedentes, la privación de libertad. La utilización de tobilleras electrónicas ya ha demostrado resultados positivos en el cumplimiento de penas sustitutivas y de determinadas medidas cautelares, constituyendo una alternativa eficaz para compatibilizar el control estatal con un uso más racional del sistema penitenciario.
La discusión no puede limitarse a construir más cárceles. Si Chile realmente proyecta albergar 76 mil personas privadas de libertad en la próxima década, la respuesta debe ser integral: más infraestructura, sí, pero también un uso racional de la prisión preventiva, una política efectiva de reinserción, una adecuada aplicación de la libertad condicional y la incorporación de mecanismos modernos de supervisión. De lo contrario, seguiremos ampliando un sistema que ya opera al borde de su capacidad, sin resolver el problema de fondo.
José Pablo Gómez
Abogado penalista
