La red que hace posible que nadie se quede sin diálisis

En la emergencia climática del norte, la ministra de Salud, May Chomalí, dio una señal valiosa: los pacientes en diálisis estaban catastrados y ninguno quedaría sin tratamiento. La promesa es la correcta: en diálisis, perder una sesión es arriesgar una vida.

Se pudo cumplir porque detrás del Estado existe una red público – privada consolidada. Nueve de cada diez pacientes de Fonasa se dializan en centros privados en convenio, de Arica a Magallanes. Más de 27 mil chilenos viven gracias a esta alianza público-privada, quizás la más exitosa de la salud chilena.

Como todo acuerdo de largo plazo, necesita reglas claras y estabilidad. Los datos invitan a cuidarla: según la Dipres, su peso en el presupuesto de Salud cayó de 2,2% en 2014 a 1,4% en 2025, con más pacientes que nunca.  El gasto en salud creció; la diálisis, en proporción, se redujo. Reajustar al menos por IPC el precio que Fonasa paga por sesión es la condición mínima para sostener el modelo que hoy entrega tratamiento a 27.000 chilenos en todas las regiones del país. Por el solo envejecimiento, al 2040 superarán los 35.000, lo que hace urgente fortalecer el modelo público-privado como única forma de garantizar el derecho a la atención en salud de estos pacientes. Un reajuste bajo el IPC no preserva el valor de una prestación vital: lo erosiona gradualmente, con consecuencias que el sistema público deberá asumir. En un Presupuesto 2027 exigente, el camino natural es que Salud, Fonasa y Hacienda construyan juntos, con evidencia, las reglas que hagan sostenible la promesa de la continuidad del tratamiento. Los prestadores deben aportar lo suyo: transparencia de costos, eficiencia y rendición de cuentas. Chile tiene aquí un modelo que funciona; preservarlo beneficia al sistema completo, incluidas las finanzas públicas, y la Ley de Presupuestos es la oportunidad de consolidarlo.