Inteligencia artificial en Chile: ¿capacidad propia o subordinación tecnológica?

Señor director: 

En septiembre, la ministra de Ciencia viajó a Washington y se reunió en la Casa Blanca con Michael Kratsios, director de la Oficina de Política Científica y Tecnológica. En esa gira, la delegación buscó referentes para la ley marco de inteligencia artificial, que el gobierno ha anunciado que modificará significativamente su enfoque mediante indicación sustitutiva. Pocas semanas después, en Kioto, la ministra adhirió en nombre de Chile a la Visión de Kioto para una Edad Dorada de la Ciencia, impulsada por Estados Unidos, a la que adhieren 17 países, y que presentó como una forma de insertarnos en la carrera por la inteligencia artificial. 

Kratsios es el autor de “Science: A New Golden Age”, el informe de la Casa Blanca que, según el propio Ministerio de Ciencia de Chile, inspira la Visión de Kioto. Su capítulo III se titula sin ambigüedad “Asegurar el dominio de Estados Unidos en tecnologías críticas y emergentes”. Allí critica el “modelo pasivo”, que confiaba en que financiar ciencia básica, proteger la propiedad intelectual y mantener mercados abiertos bastaría para asegurar la primacía tecnológica, y sostiene que dentro de las grandes trayectorias tecnológicas existen futuros alternativos que deben disputarse activamente. El mismo capítulo agrega que dominar las plataformas fundacionales otorga un “poder estructural” que permite a las economías líderes “dictar las reglas y estándares con que otros deben jugar”, y aclara que ese liderazgo no exige aislamiento, sino que consiste en suministrar las plataformas que impulsan el crecimiento de las economías socias. 

Lo que la ministra ofrece calza con el lugar que ese informe les reserva a los socios. Ha destacado como ventajas de Chile la energía renovable de bajo costo, la conectividad y el acceso a datos, y ha anunciado la llegada de nuevos centros de datos. Apostar a la especialización en esas ventajas puede encerrar a nuestra economía en trayectorias con bajo potencial de aprendizaje- porque albergar infraestructura de nube sirve, sobre todo, para ejecutar sistemas diseñados y entrenados en otra parte, con plataformas que otros controlan. 

Esa orientación hacia la subordinación ya se refleja en el proyecto de presupuesto 2027. El proyecto recorta en más de un 6% los recursos del Ministerio de Ciencia y, a la vez, crea una partida de $412 millones para acceso a cómputo de inteligencia artificial. Según el propio Ministerio, ese dinero se usaría para comprar tokens a proveedores comerciales, en su mayoría estadounidenses, sin una glosa que defina beneficiarios ni resguarde los datos de investigación. Esos recursos podrían fortalecer infraestructura pública como el Laboratorio Nacional de Computación de Alto Rendimiento. En cambio, nos ubica como clientes que arriendan capacidades ajenas. 

Para países como Chile, la coordinación regional es indispensable para negociar las condiciones en que se recibe la infraestructura digital. Cuando los vecinos compiten por ofrecer menores costos, más subsidios o menos exigencias, las empresas comparan jurisdicciones y trasladan su inversión a la más conveniente. Los Estados, en cambio, entran en una carrera a la baja en estándares ambientales, tributarios, laborales y de transferencia tecnológica, y pierden capacidad de exigir contrapartidas.

La cooperación con Estados Unidos puede ser valiosa si fortalece nuestra capacidad de decidir. Lo que el gobierno debería explicar es si estos acuerdos y este presupuesto le permiten a Chile acumular conocimiento, capacidades productivas y poder de decisión para cambiar su posición en la cadena tecnológica, o si, por el contrario, consolidan una división del trabajo en la que unos controlan la tecnología y otros ponemos los recursos, la infraestructura y las condiciones para su expansión. 

Carolina Gainza 

Camila Aguayo 

Aurora Rozas 

Investigadoras Nodo XXI