No basta con derogar

Señor director: 

El Gobierno anunció hace algunos días la suspensión de la tramitación de los decretos que otorgaban rebajas de condena a cientos de personas privadas de libertad. Ahora, además, anunció que impulsará la derogación de la ley que contempla este beneficio, con el propósito de evitar que situaciones similares vuelvan a producirse.

Lamentablemente, después de varias semanas en que esta controversia no ha dejado de ocupar la agenda pública, el Ejecutivo parece haber optado por una estrategia de “todo o nada”. Y eso constituye un error, no solo desde el punto de vista jurídico, sino también desde una perspectiva práctica y penitenciaria.

En primer lugar, porque derogar la ley no significa que las solicitudes de rebaja de condena vayan a desaparecer. Quienes cometieron delitos mientras la normativa se encontraba vigente podrían seguir invocándola, incluso si esta deja de regir en el futuro. Se conoce como ultractividad de la ley penal, que es la posibilidad de aplicar una norma que ya no está vigente cuando, por las reglas de aplicación temporal, corresponde reconocer sus efectos favorables respecto de hechos anteriores.

En segundo lugar, suspender la tramitación de los decretos tampoco hace desaparecer el problema. Lo que puede ocurrir es que las controversias terminen resolviéndose -masivamente- en las Cortes de Apelaciones y, eventualmente, en la Corte Suprema, mediante recursos de amparo y otras acciones judiciales. 

En tercer lugar, una vez más, pagan justos por pecadores.

Es comprensible que esta discusión haya generado indignación. Se trata de materias especialmente sensibles para la sociedad, sobre todo cuando se conocen casos de personas condenadas por delitos sexuales contra NNA, o por violaciones a los derechos humanos, que han accedido a beneficios de reducción de condena.

Sin embargo, esos casos no representan la totalidad de quienes pueden postular a este mecanismo. La Ley Nº19.856 contempla un sistema de reducción de condenas basado en el comportamiento sobresaliente durante el cumplimiento de la pena, considerando factores como el estudio, el trabajo, la rehabilitación y la conducta. Por lo tanto, también existen personas condenadas por delitos de menor gravedad que, cumpliendo los requisitos legales, pueden acceder a este beneficio y que hoy se ven afectadas por una decisión generalizada.

Pero hay algo más que el Gobierno parece estar dejando de lado: las consecuencias que esta decisión puede tener para el propio Estado.

Por una parte, la suspensión de estos beneficios va en una dirección contraria a los esfuerzos que distintas organizaciones nacionales e internacionales vienen planteando respecto de la necesidad de mejorar las condiciones del sistema penitenciario y fortalecer las políticas de reinserción social. 

En ese escenario, cualquier decisión que contribuya a mantener por más tiempo a personas privadas de libertad debe ir acompañada de una política penitenciaria seria, que considere la capacidad de los recintos, las condiciones de habitabilidad, la seguridad y los recursos destinados a la reinserción. 

Finalmente, hay una cuestión de fondo que no debiéramos perder de vista: la finalidad de las penas privativas de libertad. Tanto los instrumentos internacionales como nuestra tradición legislativa reconocen la importancia de la reinserción social como uno de los objetivos que debe orientar la ejecución de las condenas. 

Con todo, el problema no se resuelve simplemente endureciendo las reglas o eliminando beneficios, sino construyendo un sistema de ejecución penal serio, coherente y respetuoso de la legalidad.

José Pablo Gómez,

abogado