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Elaborada por El Mostrador
El señor de los parrones y las deudas: Tesorería demanda a empresa de jefe del Segundo Piso
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Agrícola Chacabuco Quality Grapes, vinculada a Alejandro Irarrázaval, enfrenta una demanda por patentes de derechos de agua impagas. La firma mantiene un millonario contrato con el Ejército hasta 2047 para explotar terrenos y recursos hídricos en Colina, una zona golpeada por la escasez de agua.
La Tesorería General de la República (TGR) presentó una demanda contra Agrícola Chacabuco Quality Grapes S.A., empresa vinculada al jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, Alejandro Irarrázaval, por una deuda asociada al no pago de patentes de derechos de agua. Según un certificado de mayo de 2024, las obligaciones acumuladas alcanzaban los $149.100.950.
De acuerdo con una investigación de Teletrece, la acción judicial fue presentada el 28 de mayo de 2026 ante el 24º Juzgado Civil de Santiago, cuando Irarrázaval ya ejercía como uno de los colaboradores más cercanos del Presidente José Antonio Kast.
La empresa, fundada en 2006 por Irarrázaval y otros socios, mantiene operaciones agrícolas en terrenos de la Hacienda Peldehue, en Colina, arrendados al Ejército. La deuda corresponde a obligaciones registradas desde 2015, con excepción de 2016 y 2018, y el monto podría haber aumentado por nuevos cobros correspondientes a 2025 y 2026.
Un negocio con el Ejército hasta 2047
Los vínculos empresariales de Irarrázaval con la institución militar habían sido investigados previamente por la Unidad de Investigación de El Mostrador. En el reportaje “Alejandro Irarrázaval, el señor de los parrones”, publicado el 8 de junio, se revelaron los detalles de un contrato que permite a la agrícola explotar terrenos y derechos de agua del Ejército hasta el 30 de junio de 2047.
Según los documentos obtenidos por este medio, el acuerdo de 2016 amplió a más de 300 hectáreas los terrenos arrendados e incluyó “la totalidad de los recursos hídricos, aguas y derechos de aprovechamiento de aguas, superficiales y subterráneas” contemplados en el contrato, entre ellos pozos y vertientes como Carvajalino, Termas de Colina, El Sauce y Quebrada La Leona.
El negocio contempla pagos anuales escalonados al Ejército: US$ 133.405 en 2016, US$ 166.900 entre 2025 y 2028, y US$ 288.750 entre 2032 y 2047. Además, la institución otorgó a la empresa un mandato irrevocable para solicitar nuevos derechos de aprovechamiento de aguas a nombre del Ejército.
La investigación también abordó el impacto ambiental de estas operaciones. Un estudio de 2022 del hidrólogo Sergio Iriarte, de la ONG Investiga Colina, estableció que el caudal del río Colina había disminuido un 85 % respecto de su promedio histórico, hasta alcanzar 270 litros por segundo.
“Esta pérdida afecta a todos en Colina, porque de ahí se saca el agua que bebemos y que ha ido disminuyendo gradualmente. El impacto, en este sentido, es directo”, advirtió entonces Iriarte a El Mostrador.
La respuesta del entorno de Irarrázaval
Respecto de la demanda de Tesorería, desde el entorno del asesor presidencial señalaron a T13 que los cobros han sido cuestionados mediante procedimientos administrativos y judiciales, debido a controversias sobre la autorización y habilitación de puntos de captación de agua.
Asimismo, aseguraron que Irarrázaval dejó sus funciones administrativas en agosto de 2025, aunque mantiene vínculos societarios indirectos con la agrícola mediante Inversiones San Juan Limitada y Río Colina S.A.
La acción de Tesorería se enmarca en un procedimiento contra 133 contribuyentes por patentes de derechos de agua no utilizados. La legislación contempla mecanismos de cobro que pueden llegar al remate de esos derechos.
El nuevo antecedente judicial se suma a los cuestionamientos públicos por el uso comercial de terrenos y recursos hídricos administrados por el Ejército en una zona donde organizaciones ambientales han denunciado graves problemas de abastecimiento de agua.
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