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Libre navegación

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Por: Francisco Orrego Bauzá


Señor Director:

Un interesante debate se ha generado a propósito del próximo zarpe del buque Danstar rumbo a las islas Falkland/Malvinas, entre quienes defienden categóricamente los derechos e intereses permanentes de Chile y algunos —los menos— que han adoptado posiciones más ambiguas.

En relación con el acceso por la boca oriental del Estrecho de Magallanes, el artículo 10 del Tratado de Paz y Amistad de 1984 establece con absoluta claridad y sin ambages:

“La República Argentina se compromete a mantener, en todo momento y bajo cualquier circunstancia, el derecho de los buques de todas las banderas a navegar libremente y sin impedimentos por las aguas bajo su jurisdicción, hacia y desde el Estrecho de Magallanes”.

Resulta oportuno aportar a este debate las reflexiones de la destacada jurista chilena María Teresa Infante, quien, al analizar esta disposición en un trabajo sobre el Estrecho de Magallanes, señala:

“Esta disposición constituye un corolario de los principios consagrados en el artículo V del Tratado de 1881 y una consecuencia directa de la cláusula de delimitación adoptada en el Tratado de 1984.

Opera como una garantía de las disposiciones relativas a la libre navegación y neutralidad establecidas en 1881, independientemente de la naturaleza jurídica de los espacios (soberanía sobre el mar, la tierra y el subsuelo) situados más allá de la línea fronteriza (Hito Fronterizo Ex-Baliza de Punta Dungeness e Hito Fronterizo N.º 1 de Cabo Espíritu Santo), y detrás de ella.

El régimen de navegación que regula el acceso al Estrecho más allá de la línea fronteriza es el de libre navegación, tal como se establece para el propio Estrecho”.

La conclusión jurídica es inequívoca: Argentina está obligada, en virtud del Tratado de 1984, a garantizar permanentemente la libre navegación de los buques de cualquier bandera hacia y desde el Estrecho de Magallanes, incluso en aguas sometidas a su jurisdicción. Esta obligación complementa y reafirma el régimen de libre navegación y neutralidad consagrado en el Tratado de Límites de 1881.

En consecuencia, no estamos ante una cuestión de interpretaciones políticas ni de concesiones diplomáticas, sino ante una obligación jurídica internacional expresamente asumida por Argentina. Los derechos de Chile, consagrados en tratados internacionales vigentes, no admiten ambigüedades ni interpretaciones acomodaticias.

Francisco Orrego Bauzá

 

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