Opinión
La marcha del jueves 11 de abril realizada en Santiago habría sido impecable. Sin embargo, en pleno acto, una estudiante de cuarto año de la carrera de Psicología de la Universidad Diego Portales recibió un balín en el rostro a milímetros de su ojo izquierdo; un balín de aquellos que Fuerzas Especiales de Carabineros de Chile está empleando para marcar a quienes estén produciendo daños.
La marcha del jueves 11 de abril realizada en Santiago habría sido impecable. Desde las 11 de la mañana, miles de estudiantes, padres, apoderados, profesores y en general, todo el conjunto de la sociedad civil, marcharon pacíficamente por la Alameda y Mac Iver, haciendo camino por el recorrido previamente acordado con las autoridades correspondientes. La alta convocatoria y la transversalidad de sus asistentes, nos hicieron recordar que nada ha cambiado en cuanto a las demandas por Educación en Chile y que por sobre todo, la ciudadanía sigue atenta y despierta, creativa y energética, frente al escenario presidencial futuro.
Hasta ahí, todo bien. El acuerdo pactado entre los dirigentes estudiantiles y carabineros de mantener distancia de los manifestantes se cumplió. En ello, y en la convicción de la ciudadanía, descansa el hecho de la realización sin problemas del recorrido hasta la Estación Mapocho. Sin embargo, en pleno acto, mientras desde el escenario sonaba la música a eso de las 13:15 horas, una estudiante de cuarto año de la carrera de Psicología de la Universidad Diego Portales, que se encontraba junto a sus amigos en el sector de Bandera con General Mackena, a un costado del escenario, inesperadamente recibe un balín en el rostro a milímetros de su ojo izquierdo; un balín de aquellos de plástico verde de un centímetro de diámetro rellenos con pintura amarilla, que Fuerzas Especiales de Carabineros de Chile está empleando para marcar a aquellas personas que efectivamente estén produciendo daños y generando violencias que ameriten su detención.
[cita]Lo que hoy presenciamos, es violencia desmedida e injustificada que por objeto tienen manifestantes que marchan pacíficamente ejerciendo su derecho por las calles de nuestro país. Desmedida, injustificada e impenetrable. Dos cosas son destacables en este sentido. Lo primero es la impunidad de la que se benefician aquellos efectivos de fuerzas especiales que en efecto se exceden en el uso de la fuerza ya que la gran mayoría de los casos que llegan a la (in)Justicia Militar terminan por ser sobreseídos, invisibilizando el actuar y sus efectos; y lo segundo, es la cuestionable efectividad del órgano que está llamado a brindar seguridad y tranquilidad.[/cita]
Este no era en absoluto el caso de la estudiante agredida, quien fue auxiliada por sus cercanos, los que – como es de esperar – quedaron consternados e indignados ante la seriedad de las lesiones producidas por una amenaza totalmente gratuita e injustificada, procedente de quienes tienen el deber de proteger a la población civil que se manifiesta en las calles. O sea, tal como expresó la Mesa Coordinadora de Estudiantes de Psicología UDP en su comunicado del mismo día 11 de abril “Hoy fue nuestra compañera, mañana puede ser la tuya”. En efecto, en la medida en que los efectivos policiales utilicen de manera indiscriminada estos balines, todos estamos expuestos.
Como cualquier otro medio que implique el uso de la fuerza física para el control del orden público, estos balines, así como las bombas lacrimógenas (que abundaron ayer) o los carros lanza aguas, sólo deben ser empleados siguiendo la máxima del uso proporcional de la fuerza y de la estricta necesidad, tal como ha sido estipulado en el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley de las Naciones Unidas.
Eso en el plano formal. Lo que atañe este caso y los, hasta ahora, cuatro más notificados por heridas de la misma procedencia, nos dirige a un hecho más global, más preocupante, y por cierto, más indignante. Esto porque si bien el actuar de carabineros y fuerzas especiales en las manifestaciones públicas se ampara en la máxima de la proporcionalidad, hoy presenciamos tal escena en que su actuar no se condice con el guión establecido y con impotencia asistimos a un espectáculo espiral de ataque y defensa en los que resalta el actuar de aquellos que poseen los carros y bombas lacrimógenas. No es sólo la percepción de los manifestantes: en enero y febrero de 2011 se tramitaban 1.777 casos por violencia policial innecesaria. En la misma fecha y un año después, el número se eleva a 2.657, según el Informe del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales.
Lo que hoy presenciamos, es violencia desmedida e injustificada que por objeto tienen manifestantes que marchan pacíficamente ejerciendo su derecho por las calles de nuestro país. Desmedida, injustificada e impenetrable. Dos cosas son destacables en este sentido. Lo primero es la impunidad de la que se benefician aquellos efectivos de fuerzas especiales que en efecto se exceden en el uso de la fuerza ya que la gran mayoría de los casos que llegan a la (in)Justicia Militar terminan por ser sobreseídos, invisibilizando el actuar y sus efectos; y lo segundo, es la cuestionable efectividad del órgano que está llamado a brindar seguridad y tranquilidad.
El escenario así está conformado por un actor institucional que tiene privilegios tales que deja a la sociedad civil en una posición difícil de defenderse. Ello tiene el efecto lamentable de amedrentar y atemorizar a la población a salir a la calle lo que, a su vez, afecta negativamente en la construcción de un país democrático, inclusivo y participativo. En la medida en que promovamos el ejercicio de denunciar y hacer valer los derechos fundamentales que como ciudadanas y ciudadanos tenemos, y en la medida también, que el Estado logre efectivamente corregir los errores de los que es responsable, es que como sociedad podremos manifestarnos libremente, seguros, y en paz.
