sábado, 15 de diciembre de 2018 Actualizado a las 19:29

Opinión

Autor Imagen

Infancia vulnerable en Chile, más que un problema de recursos

por 4 abril, 2018

Infancia vulnerable en Chile, más que un problema de recursos
Si bien la infancia vulnerable es un tema prioritario que como sociedad debemos solucionar, hay que ser cautos con las propuestas, pues la precariedad en que se encuentran los niños vulnerables de nuestro país no se resuelve tan solo con mayores recursos. Estamos frente a un problema mucho más complejo, con múltiples causas, derivado de una concepción ideológica que en 1979 instauró una política basada en la invisibilización de los niños, escondiéndolos de la sociedad.
  • Compartir
  • Twittear
  • Compartir
  • Imprimir
  • Enviar por mail
  • Rectificar

El Presidente Piñera ha realizado un llamado a un gran acuerdo en materia de infancia, convocando a un grupo transversal de trabajo, y como primera medida se ha propuesto un incremento en un 25% de las subvenciones a las instituciones colaboradoras del Sename, OCAS, enfatizando una visión que entiende el problema de la niñez vulnerable en Chile como uno principalmente de recursos.

Para concretar el anuncio del actual Gobierno, se requiere partir por modificar la Ley N° 20.032, que entre otras materias define y regula a los Organismos Colaboradores y establece el sistema de subvenciones.

De acuerdo a esta ley, las subvenciones se determinan en razón de las diversas líneas de acción requeridas, las cuales se contratan por intermedio de convenios suscritos entre el Sename y los respectivos organismos, y cuyos montos están expresados en unidades de subvención, USS, en donde una unidad corresponde a $10 mil, reajustable de acuerdo al IPC. La ley señala un valor base, con montos que van desde las 0,8 USS hasta las 200 USS, dependiendo de la línea de acción. Los recursos faltantes deben ser cubiertos por el organismo colaborador, por cuanto el modelo siempre estuvo pensado como una combinación de aportes públicos y privados, entendiendo que el Estado cumple un rol subsidiario frente a los prestadores privados.

Este modelo en varias de sus líneas de acción entrega recursos por niño atendido, y no por programa, lo que genera incentivos equivocados, propendiendo a la eternización de los niños dentro del sistema. A ello se suman deficiencias propias de un sistema con poca trasparencia y control, ausencia de estándares de calidad y falta de fiscalización en el uso de los recursos.

Asimismo, se debe poner especial atención a la situación en que se encuentran los NNA infractores de ley, los más vulnerables de todos. Por lo general, se tiende a poner énfasis en los NNA vulnerados en sus derechos, pero no hay que perder de vista el que los niños infractores son, en su inmensa mayoría, niños vulnerados también, siendo parte de las mismas precariedades y carencias, por lo que no darles prioridad sería omitir una parte importante del problema.

Si bien sería injusto no diferenciar entre buenas y malas instituciones colaboradoras, lo cierto es que aceptar una propuesta que se remite a entregar mayores recursos a las OCAS, sin un perfeccionamiento tanto del modelo de prestación como del de subvención, no solo no solucionará las deficiencias, sino que servirá también para subsidiar a entidades privadas que han sido parte del problema, ofertando el 97% de los programas, con cerca de 200 mil atenciones de niños, niñas y adolescentes anuales, NNA, y que reciben 2/3 de los recursos destinados al Sename, en circunstancias que los niños en situación de mayor vulnerabilidad son mayoritariamente atendidos directamente por el Estado.

Otro ámbito que requiere ser abordado, si se quiere hablar en serio respecto a este tema, y que también se vincula a traspasos de recursos, es el relativo al artículo 80 bis de la Ley N° 19.968.

En efecto, la Ley N° 20.286 (septiembre de 2008) introdujo modificaciones orgánicas y procedimentales a la Ley N° 19.968, que crea los Tribunales de Familia. Es así como en el inciso segundo del Artículo 80 bis de esta ley, se señala lo siguiente:

“Si el juez estima necesario decretar una medida respecto de la cual no existe en la Región oferta de las líneas de acción indicadas en la Ley N° 20.032, comunicará tal situación al Director Nacional del Servicio Nacional de Menores, quien deberá adoptar las medidas tendientes a generar tal oferta en el menor tiempo posible. Entretanto, el juez decretará alguna de las restantes medidas del artículo 71. Pero, si la cautelar dispuesta es la de la letra h)1 de dicho artículo, el Servicio Nacional de Menores deberá darle cumplimiento y sin más trámite”.

Esta norma, si bien buscaba en su momento asegurar la atención requerida por niños y niñas en el sistema residencial, con los años, debido a la interpretación que los jueces de familia han dado al alcance de esta, se ha ampliado y masificado a programas ambulatorios.

Desde la aplicación de esta facultad, es decir, desde el año 2008, se han pagado más de 62 mil millones de pesos por este concepto. Si bien el presupuesto 2017 pagó toda la deuda de arrastre, para el 2018 se contempla que el pago por atenciones en razón del artículo 80 bis de la Ley N.° 19.968 alcance aproximadamente los $20 mil millones.

De esta manera, urge revisar la norma, pues en los hechos, los gastos por este concepto han generado grandes deudas, y lo más complejo, han creado una línea programática imposible de presupuestar.

Por otro lado, resulta auspicioso, y digno de destacar que, dentro de los anuncios del Gobierno, se haya priorizado avanzar en el proyecto de ley de adopción impulsado por la administración anterior de la Presidenta Michelle Bachelet, a mi juicio, la madre de todas las batallas. En la medida que se aceleren y se hagan más expeditos los procedimientos de adopción, se avanzará de manera significativa en la solución de los niños institucionalizados, de modo que la alternativa de residir en una institución sea de “ultima ratio”. Pero, así como se valora este anuncio, llama la atención que no se haya hecho referencia alguna a los programas de Familias de Acogida, que han tenido un enorme éxito y que se complementan con el procedimiento adoptivo.

Asimismo, se debe poner especial atención a la situación en que se encuentran los NNA infractores de ley, los más vulnerables de todos. Por lo general, se tiende a poner énfasis en los NNA vulnerados en sus derechos, pero no hay que perder de vista el que los niños infractores son, en su inmensa mayoría, niños vulnerados también, siendo parte de las mismas precariedades y carencias, por lo que no darles prioridad sería omitir una parte importante del problema.

En conclusión, si bien la infancia vulnerable es un tema prioritario que como sociedad debemos solucionar, hay que ser cautos con las propuestas, pues la precariedad en que se encuentran los niños vulnerables de nuestro país no se resuelve tan solo con mayores recursos. Estamos frente a un problema mucho más complejo, con múltiples causas, derivado de una concepción ideológica que en 1979 instauró una política basada en la invisibilización de los niños, escondiéndolos de la sociedad. De este modo, si existe genuino ánimo de establecer consensos, hay que partir por reconocer los avances del anterior Gobierno y, a partir de ellos, discutir la política de infancia desde una perspectiva global, sin caer en el facilismo de aumentar recursos, menos cuando se destinan a instituciones que requieren de profundas mejoras.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

Más información sobre El Mostrador

Videos

Noticias

Blogs y Opinión

Columnas
Cartas al Director
Cartas al Director

Noticias del día

TV