Opinión
Cuando el presidente Piñera afirma en televisión, luego de 2 días de protestas populares y saqueos, que está en guerra, estamos sin duda ante una situación preocupante. Y más si consideramos que como mandatario tiene el control de un ejército que puede ser usado en contra de los miles de ciudadanos que se han levantado por diversas razones y que están manifestando su hastío con un sistema neoliberal que no ha sido capaz de satisfacer las necesidades mínimas de la ciudadanía.
En estos días hemos visto una reacción lenta que ha dejado avanzar la violencia sin ser capaz de controlarla y el gobierno ha demostrado su incapacidad, no sólo para entender las razones más profundas del estallido social que estamos viviendo, sino también para responder de manera eficaz a esas mismas contingencias. Decisiones demoradas, conferencias de prensa sin preguntas y sin ninguna empatía, desplazamiento de fuerzas policiales y militares sin orientaciones claras, son algunos de estos ejemplos que nos hablan de un evidente desapego a la realidad.
La figura del Presidente Piñera en una fiesta familiar mientras Santiago era literalmente destruido, o del Ministro del Interior amenazando a los evasores con la Ley de Seguridad Interior del Estado mientras las fuerzas de orden y seguridad perdían el control de las calles, son también parte del delirio en el que han estado envueltas las autoridades. Lo mismo con relación a decretar toque de queda desde las 19:00 horas instigando a una desobediencia civil que menoscaba sin duda la autoridad del gobierno y de sus efectivos.
Y cuando luego de dos días de protestas el Presidente Piñera se digna a aparecer y sin ninguna autocrítica comienza su alocución diciendo que estamos en guerra y levanta un discurso de buenos y malos, de los “hombres de buena voluntad” que su supone él representa, estamos nuevamente ante la incapacidad de entender la realidad, lo que cuestiona severamente su derecho a seguir gobernando.
Durante estos días el foco de declaraciones del gobierno ha estado puesto en la violencia extrema con que han actuado los que llaman lumpen y que separan completamente de las ahora legítimas demandas de los sectores que se movilizan de manera pacífica. Pero la verdad es que más allá del necesario cuestionamiento a los saqueos, el transversal reconocimiento de la legitimidad de las demandas sólo ha sido posible a partir de la violencia.
Durante décadas se ha criminalizado la demanda social y ha quedado claro que los mecanismos institucionales no han sido suficientes para dar cuenta de la necesidad de superar la desigualdad. Se han esquivado por años los problemas de las pensiones, de la salud, de la educación, en fin, de todo aquello que se transformó en la dictadura y que sin asco y al igual que la Constitución del 80, se ha mantenido hasta la actualidad. Y si sumamos a esto la pérdida de legitimidad de instituciones relevantes como carabineros y el mismo ejército, además de la poca credibilidad de la clase política y la falta de reacción del mismo gobierno, no cabe duda de que lo ocurrido en los últimos días era del todo previsible.
Por eso mantener la idea de que esto es una guerra y de que el gobierno y todos los chilenos de buena voluntad han sido atacados, más allá del necesario retorno al orden social, puede convertirse en la excusa que lleve a las autoridades a no asumir sus responsabilidades y seguir pensando que Chile es un oasis de estabilidad. Porque la locura del ser atacado, de pensar que se sigue gobernando cuando todo el país está en llamas, no se puede desconectar del mismo delirio que mostraba el Presidente Piñera hablando en las Naciones Unidas, de la fantasía de que la cuestión de las pensiones se supera con un simple maquillaje de las AFP o de que el problema de las licencias médicas se acabará a partir de la informatización del sistema.
Lo que está detrás del delirio del Presidente Piñera, más que su incapacidad, es la negación desde una clase política y económica de aceptar que el modelo que se ha mantenido desde el gobierno militar es un modelo fracasado, que ha generado más desigualdades y que, a no ser que se caiga rápidamente en la realidad, sólo será un preámbulo para futuras movilizaciones que sin duda terminarán peor que el estallido de octubre.
Lo peor que podría pasar en los días que vienen será entonces un gobierno y una clase política que manteniendo sus delirios de grandeza pretenda que todo está bien, que se sigan haciendo los tontos con la desigualdad y que continúen sin cambios la ruta fallida que se han trazado desde el inicio de este gobierno. Porque ya sabemos que no hay peor ciego que el que no quiere ver.
