Opinión
El proceso por la independencia de Cataluña, desde una perspectiva de la historia del tiempo presente, tiene su comienzo con la discusión y redacción de un nuevo Estatuto de Autonomía. El gobierno de España entre los años 2004-2006, encabezado por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011) y el de la Generalitat de Catalunya ( gobierno regional) dirigido por el socialista catalán Pascual Maragall (2003-2006) promovieron un nuevo Estatuto de Autonomía (ley fundamental de un gobierno autonómico en el territorio español) el cual fue visado por el Parlament de Catalunya y las Cortes Generales (Congreso nacional español) y sometido a plebiscito en Catalunya, ganando la opción sí (aprobación del nuevo estatuto) con el 73,90%. Posteriormente, el Partido Popular (la oposición política en aquel tiempo) interpuso un requerimiento al Tribunal Constitucional para reformular y anular algunos de los artículos del Estatuto catalán referentes a su condición de nación, término que buscaba un equilibrado encaje con la España de las autonomías.
El 28 de junio de 2010, el Tribunal Constitucional, máximo órgano revisor sobre la concordancia entre la legislación y la Constitución (en su entonces compuesto por una mayoría de jueces a propuesta del PP) anuló algunos de los artículos del Estatuto de Autonomía de Cataluña del 2006. Dicha resolución del Tribunal Constitucional fue el puntapié inicial del conflicto territorial que hoy atraviesa Cataluña. Desde aquel momento, los ejes temáticos de la política catalana pasaron a ser: la crisis territorial, un referéndum pactado y la desafección política con España, en palabras del expresidente socialista de la Generalitat José Montilla (2006-2010).
El 11 de septiembre de 2012, día nacional de Catalunya, fue la primera gran manifestación en la ciudad de Barcelona a favor de un proceso de independencia nacional. Más de un millón de ciudadanos marcharon por las calles de la ciudad condal reclamando por la independencia política de Cataluña. Después de esa multitudinaria manifestación, el President de la Generalitat Artur Mas (2010-2016) solicitó al gobierno central (encabezado por el Partido Popular) un pacto fiscal: fórmula tributaria que mantienen territorios como el País Vasco y Navarra, donde se recauda y se gestionan sus propias tasas e impuestos. La propuesta del President Mas era replicar dicho modelo para Catalunya. Con el rechazo de la propuesta del pacto fiscal por parte del gobierno de Mariano Rajoy, el entonces presidente de la Generalitat convocó a elecciones autonómicas, en las cuales los partidos políticos que deseaban un referéndum de autodeterminación en Catalunya lograron la mayoría de los escaños en el Parlament: Convergència demócratica (centro-derecha), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Candidatura d’Unitat Popular (CUP).
Con el resultado electoral favorable y el soporte de otros grupos parlamentarios no independentistas, Artur Mas convocó a una consulta el 9 de noviembre de 2014, la cual realizó dos preguntas a los ciudadanos: primero sí querían que Cataluña fuera un Estado y la segunda sí deseaban que este fuera independiente políticamente de España. El 80,76% de los votantes se inclinó por esas dos preferencias. La cantidad de ciudadanos que fueron a votar en esa ocasión fueron 2.305.290 (se encontraban habilitados más de cinco millones de personas).
Posteriormente, el 27 de septiembre de 2015, la alianza electoral llamada Junts Pel Sí, que estaba integrada por Convergència demócratica (centro-derecha) y Esquerra Republicana venció en las elecciones autonómicas (que los partidarios del procés denominaron elecciones plebiscitarias) para el Parlament de Catalunya. Con un panorama convulso donde los ejes giraban en torno a la soberanía política y, no menos importante, a los estragos de una crisis económica que atizó a Catalunya con miles de desempleados y desahucios, Artur Mas fue apartado de la presidencia de la Generalitat en enero de 2016, yendo a parar a manos de Carles Puigdemont(2016-2017), con el fin de culminar el proceso refrendario a manos de un gobierno de coalición pro-independentista.
Carles Puigdemont, anunció el 9 de junio de 2017 un referéndum soberanista para el 1 de octubre en el que se preveía preguntar a los ciudadanos si deseaban que Cataluña se convierta en un Estado independiente en forma de República. Posteriormente, el 6 de septiembre de 2017, el Parlament de Catalunya aprobó las leyes de transición y de desconexión con un fuerte rechazo por parte de los partidos unionistas: Partido Socialista Catalán(PSC), Ciudadanos y Partido Popular (PP). El presidente Puigdemont y su Gobierno firmaron la ley que permitía la convocatoria de la consulta, la cual fue suspendida al día siguiente por el Tribunal Constitucional de España. A partir de ese momento, el pulso y la tensión entre los gobiernos de Cataluña (autonómico) y España (central) fueron en aumento.
El uno de octubre de 2017, se celebra en Cataluña el referéndum de independencia. Aquella jornada se desenvuelve con variados enfrentamientos violentos entre los votantes y los cuerpos de seguridad del Estado, desplazados para impedir la votación por orden judicial. Las imágenes irrumpen en el escenario internacional provocando la llamada de varios jefes de gobierno, pidiendo el cese de la violencia contra los votantes. Finalmente la opción Sí a la ruptura con España obtiene un 90% de los votos (que corresponde a 2.044.038), para esa elección estaban habilitado más de cinco millones de ciudadanos. ( es necesario indicar que este referéndum fue declarado ilegal por el Tribunal Constitucional).
El 10 de octubre de 2017 el President Carles Puigdemont compareció ante el Parlament de Catalunya y se compromete a declarar la independencia, pero solicitó a la cámara suspender sus efectos para permitir un tiempo de diálogo y negociación con el gobierno central. El presidente del gobierno central Mariano Rajoy, rechazó cualquier conversación con el gobierno catalán y el 21 de octubre de 2017 solicitó al Senado aplicar el artículo 155 de la Constitución, esa facultad constitucional permite la destitución de un gobierno autonómico y la convocatoria de elecciones.
Al no obtener una respuesta clara del gobierno español en torno a las negociaciones, el 27 de octubre de 2017 el parlamento catalán proclamó la independencia de Catalunya en un plazo no concretizado. En cambio, en esa misma jornada el Senado de España aprobó la autorización de aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña. Dicha decisión permitió a Mariano Rajoy cesar al jefe de gobierno de la Generalitat y sus consejeros y convocar elecciones para el 21 de diciembre de 2017. De la misma manera, una vez destituido el gobierno autonómico, permitía poder juzgarle sin inmunidad parlamentaria. Este hecho precipita el exilio a Bélgica de Puigdemont, y la detención de gran parte del ejecutivo catalán. En las elecciones autonómica del 21 de diciembre (nuevamente triunfan los sectores independentistas) después de largas negociaciones Quim Torra fue nombrado President de la Generalitat en mayo de 2018.
Tras la marcha de Carles Puigdemont a Bruselas, después de la proclamación de independencia de Cataluña, la jueza Carmen Lamela ordenó el ingreso a prisión del President Puigdemont, el exvicepresidente Junqueras y ocho ex consejeros de la Generalitat. El 12 de febrero de 2019 se inició el juicio en contra de los dirigentes independentistas por parte del Tribunal Supremo, siendo acusados de los delitos de rebelión, desobediencia, sedición y malversación de caudales públicos. La sentencia publicada el lunes 15 de octubre de 2019, el Tribunal Supremo impuso penas de entre 9 y 13 años de cárcel a nueve líderes independentistas. El exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras afronta la pena más alta, 13 años, por un delito de sedición en concurso medial (cuando un delito es un medio necesario para la comisión de otro) con malversación.
De los otros ocho acusados que están en prisión preventiva tres exconsejeros (Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa) fueron condenados por sedición y malversación a 12 años de cárcel; los otros dos (Josep Rull y Joaquim Forn) han sido absueltos del delito de malversación y el tribunal les impuso 10 años y medio de prisión. La expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha sido condenada a 11 años y medio por un delito de sedición. Por este mismo delito se ha impuesto una pena de nueve años a los líderes de la Asamblea Nacional de Cataluña ( ANC) y de Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Los únicos tres procesados que afrontaron el juicio en libertad (los exconsejeros Santi Vila, Carles Mundó y Meritxell Borràs) han sido sentenciados a 1 año y 8 meses de inhabilitación especial y diez meses de multa con una cuota diaria de 200 euros. Los tres fueron absueltos de la imputación de malversación de fondos públicos. Desde la dictación de la sentencia en contra de los 9 líderes independentistas, los ciudadanos de Cataluña viven unas jornadas de movilización y enfrentamiento.
Las protestas y manifestaciones de la ciudadanía en Cataluña que se desarrollan desde el 15 de octubre de este año surgieron por el rechazo a la sentencia impartida por el Tribunal Supremo en contra de los líderes independentistas. Los sectores independentistas de Cataluña consideran que la sentencia es un condena no sólo en contra de los presos políticos sino también a los dos millones de personas que promueven y creen en el proyecto de un Estado independiente. Por otro lado, los sectores contrarios a la independencia de Cataluña, Partido Popular, Partido Socialista Obrero Español y Ciudadanos consideraron que la sentencia se encuentra apegada a la normativa legal porque los líderes catalanistas-según ellos- habrían violado la soberanía política y el Estado de derecho en España a través de la realización del referéndum (1 de octubre de 2017) y la posterior declaración de independencia (27 de octubre de 2017).
Estos últimos sectores mal llamados constitucionalistas(PP, PSOE y Ciudadanos) han claudicado en alcanzar un pacto con el soberanismo catalán, optando por la judicialización y la criminalización en vez del diálogo político. Desde el requerimiento en contra del Estatuto Autonomía en el año 2010 y hasta la reciente sentencia del Tribunal Supremo, la gestión de la crisis de los políticos unionistas ha sido criminalizar y judicializar el conflicto en Catalunya. Por consiguiente, los sectores políticos unionistas han abdicado a la negociación y/o una solución política con los sectores del independentismo catalán que cada día sienten un profundo descontento con las relaciones políticas entre el Estado central y el gobierno autonómico de Cataluña.
Para el sector independentista, el Estado español a través de sus reiteradas sentencias del Tribunal Constitucional y el último dictamen del Tribunal Supremo ha actuado de una forma autoritaria, recordando otros tiempos lúgubres para España y además, aumentando la escisión y desafección emocional del pueblo catalán. Los tribunales españoles con su accionar de criminalización de la protesta social y de los dirigentes políticos soberanistas, actúan por medios de principios del derecho penal de un régimen autoritario ( la doctrina de seguridad nacional y el derecho penal de enemigo).
A futuro, en caso que las clases políticas catalanas y españolas no alcanzarán un pacto para el conflicto territorial, se proyecta una polarización de los independentistas y los unionistas a través de un aumento de las movilizaciones callejeras. Además, el crecimiento de los partidos de extrema-derecha (Ciudadanos y Vox) que señalan algunos postulados antidemocráticos (suprimir el autogobierno regional y proscribir partidos pro-independentistas) podría conducir afectar la calidad de la democracia española.
Las pasadas elecciones al congreso español, reflejaron las diferentes sensibilidades nacionales que existen sobre la “cuestión catalana” y han permitido articular algunas negociaciones entre el PSOE y ERC en busca de una salida democrática e institucional. Sin embargo, el crecimiento electoral de los partidos ultraderechistas en España pueden dinamitar el frágil comienzo de las conversaciones y una creciente polaridad en las posiciones.
