Opinión
En estos últimos meses, hemos vivido la crisis social más profunda desde el retorno a la democracia. En este contexto, todas las instituciones han sido cuestionadas, como mostró la última encuesta CEP.
El Sistema Notarial y Registral es reconocido por la seguridad jurídica que otorga a las personas, quienes se sienten protegidas cuando un ministro de fe certifica un documento que atañe a algún aspecto significativo de su vida.
Sin embargo, se debe actualizar, lo que significa incorporar tecnología, introducir un sistema más meritocrático de nombramientos, eliminar trámites innecesarios y aumentar la cobertura, a través de nuevas notarías.
El gremio propuso al gobierno reducir trámites, sin que sea necesario dictar una ley, y le pidió crear notarías en comunas sobrepasadas por la demanda. No hubo una repuesta positiva, ante el resultado eventual del proyecto de ley que presentó para modificar el sistema, en 2018.
La iniciativa recoge aspectos que mejoran el servicio, como es su modernización. No obstante, introduce factores de riesgo. El más peligroso es la creación de los fedatarios privados, quienes autorizarán la tramitación de documentos privados, pero que, a diferencia de los notarios, continuarán ejerciendo como abogados, abriendo la puerta a conflictos de interés. Tampoco estarán obligados a vigilar el pago de impuestos, labor con la que notarios recaudan gratuitamente al fisco US$ 300 millones al año.
Estos riesgos fueron advertidos por la Cámara de Diputados, que privilegió la creación de los fedatarios públicos: secretarios municipales que asumirían responsabilidades como ministro de fe en las comunas donde no existe una notaría.
Tampoco pasó inadvertido para los diputados el peligro de sobrecargar al Registro Civil con más funciones de las que ya tiene, si es que se les otorga la mantención de archivos duplicados de las inscripciones públicas.
Además, el proyecto se encuentra desfinanciado, ya que su valor de implementación será siete veces mayor al cálculo anunciado por el gobierno. Mientras el Ejecutivo estimó esta cifra en $2.100 millones, se presentó en la comisión de Hacienda de la Cámara, un estudio de la consultora Ceop, integrada por académicos de la Universidad Católica, y un experto judicial informático, que fijan el monto inicial de inversión en $16 mil millones.
No se entiende un gasto de tal magnitud, en circunstancias que son tantas las prioridades que existen en el país. Tras el incendio que destruyó más de 200 casas en Valparaíso, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo informó que invertirá $ 6 mil millones sólo en obras de mitigación, es decir, en cortafuegos, escaleras, muros de contención y calzadas vehiculares, para proteger de futuros incendios u otras catástrofes naturales a las nuevas viviendas que se van a reconstruir en el sector. En tanto, en la Región de Los Ríos aún no se repara el puente Cau Cau, porque se requiere de una cifra mucho mayor a los siete mil millones de pesos que anunció el gobierno.
Como hemos planteado, a partir del año 2011 el sistema notarial y registral debe cambiar, pero sin afectar la seguridad jurídica de las personas, lo que la normativa del gobierno no asegura.
