Opinión
Los efectos económicos y sociales producto de las crisis sanitaria serán muy grandes. Para Estados Unidos se estima que la caída directa de producción en los sectores afectados por la paralización por las medidas sanitarias será del orden de 30%. Esta cifra no debiera ser muy distinta en Chile. En palabras de Zucman y Sáez, de la Universidad de California, «mantener las empresas con vida durante esta crisis y asegurarse de que los trabajadores sigan recibiendo sus cheques de pago es esencial, incluso para las empresas y los trabajadores que tienen que permanecer inactivos debido al distanciamiento social». La tarea pública es que «las empresas en hibernación puedan seguir pagando a sus trabajadores (en lugar de despedirlos) y pagando las facturas necesarias (en lugar de ir a la quiebra)».
Lo primero que parece sensato hacer a la brevedad en Chile es legislar un sistema de compensación salarial temporal, es decir, un mecanismo de subsidio directo –al menos para las medianas y pequeñas empresas– que funcionaría como un seguro de desempleo temporal, parcial y excepcional gestionado por la Administradora de Fondos de Cesantía, aunque los trabajadores permanezcan contratados, para que por un máximo de tres meses se mantenga el pago de salarios en las actividades que deban suspenderse, con un tope para los salarios más altos. Si se produce una disminución parcial de actividad, el subsidio salarial directo debe ser equivalente a esa disminución. Medidas de este tipo se han tomado en Dinamarca y Francia.
En segundo lugar, este mecanismo de apoyo a los trabajadores debe acompañarse de un subsidio para abordar los principales costos fijos de las empresas, que debieran ser informados mensualmente por las empresas a equipos conformados por las diversas entidades del Ministerio de Economía junto a facilidades crediticias para las grandes y medianas empresas.
El consejo del Banco Central ya ha actuado adecuadamente bajando la tasa de interés de refinanciamiento y aumentando la liquidez (desgraciadamente con el voto en contra de los dos consejeros de derecha que mantienen una incomprensible ortodoxia en momentos de una crisis inédita). Cabe tener en cuenta que medidas tributarias y crediticias generales apoyan a los afectados pero también a los que no lo están, por lo que los mecanismos directos de subsidio y crédito a los afectados es más eficaz y menos costoso que bajar impuestos y debilitar las capacidades recaudatorias a empresas y personas que no están siendo afectadas por la crisis.
En tercer lugar, debe legislarse para que el seguro de cesantía para los que pierdan el trabajo en el período de emergencia otorgue un beneficio de tres meses de mantención del salario previo al despido y aplique la actual tabla a partir del cuarto mes.
En cuarto lugar, debe legislarse un subsidio temporal a las personas autoempleadas que no puedan seguir obteniendo ingresos, asimilándolas a la condición de cesantes de la Administradora de Fondos de Cesantía como beneficiarios por tres meses de un ingreso mínimo. Este subsidio debe vincularse a programas regionales y municipales de empleo comunitario y de formación cuando sanitariamente sea posible.
El costo fiscal de un programa de este tipo es alto y puede llegar a 2-3% del PIB, pues el gobierno sería el pagador en última instancia durante la emergencia. Los mecanismos propuestos pueden dar lugar además a aprovechamientos indebidos, que deben minimizarse. En la emergencia, los montos a transferir no necesitan cálculos exactos. Como señalan Zucman y Sáez, “la verificación y la corrección pueden tener lugar una vez que el cierre haya terminado. Cualquier pago excesivo del gobierno podría transformarse en un préstamo sin intereses que el gobierno podría recuperar en varios años”.
Mucho mayor, en cualquier caso, sería el costo del derrumbe de la economía y la agravación de la situación social. Recordemos que la economía chilena muestra una alta resiliencia, como vimos desde noviembre pasado, cuando se produjo una recuperación bastante rápida luego de la fuerte caída económica de octubre. Ahora se necesita un sólido soporte público para salir de los efectos económicos y sociales de la grave crisis sanitaria que los expertos anuncian. Gastar las reservas fiscales acumuladas en períodos de mayor bonanza y endeudarse adicionalmente en márgenes razonables a bajo costo es posible hoy. Y se justifica precisamente en los momentos de grave crisis como los que estamos empezando a vivir.
