Opinión
Una conclusión compartida que deriva de la protesta social iniciada el 18 octubre, confirmada por deficiencias de orden político frente a la actual pandemia, es la necesidad de renovar la actividad política, tanto en sus contenidos como en sus comportamientos.
Resulta indispensable la formación de partidos que contribuyan a una nueva relación de la ciudadanía con el poder y a superar prácticas negativas. A ello aspiran legítimamente diversos grupos ciudadanos, que representan a sectores emergentes, acogidos al procedimiento de constitución de partidos políticos.
La Ley de Partidos vigente, en esta etapa, prácticamente impide estos esfuerzos. Ningún grupo que haya iniciado la tramitación después del 18-0 ha logrado la inscripción ante el Servel y los partidos hoy en formación, a pesar de haber suscrito la escritura de constitución y obtenido la aprobación de estatutos, ven altamente improbable su legalización.
En efecto, convocar a afiliarse a miles de ciudadanos, en distintas regiones, en los 210 días corridos exigidos por la ley, es solo posible en tiempo de normalidad. Esta norma, bajo estado de excepción, cuadro de contagios y cuarentena generalizada, resulta insostenible y discriminatoria a favor de los partidos existentes, pues impide desplegar las nuevas propuestas, salir a terreno, realizar actividades para debatir, descubrir liderazgos, entusiasmar y lograr identificación.
Un acto democrático y de finalidad colectiva, queda hoy reducido a una invitación a afiliarse por internet, que responden las ciudadanas y los ciudadanos interesados en solitario, frente a la pantalla y clave única, en forma similar a la compra de un producto.
Urge modificar la Ley de Partidos Políticos, para que –al menos– el plazo de 210 días se suspenda durante el tiempo que se mantenga un estado de excepción constitucional y restricción de desplazamientos. Los parlamentarios y sus partidos tendrán la oportunidad de demostrar que están abiertos a ampliar las expresiones políticas, como lo requiere la ciudadanía.
