Opinión
La Comisión de Hacienda del Senado ha sido, en las últimas semanas, escenario del debate en torno al proyecto de ley de migraciones, que el gobierno busca tramitar con suma urgencia, impidiendo el tratamiento informado y reflexivo que una política de Estado demanda. En ese marco, la respuesta de una voz oficial, la del Subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, a una indicación propuesta por los senadores Juan Ignacio Latorre (RD) e Isabel Allende (PS), permite echar luz al punto que me interesa abordar en esta columna: la ceguera gubernamental respecto del propio objeto sobre el que se pretende legislar. Es decir, se está realizando un tratamiento apresurado y desinformado, la peor receta para generar un marco normativo que tenga la capacidad de persistir en el tiempo, considerando además que se trata de “una materia altamente dinámica”, como el propio proyecto afirma en sus fundamentos.
La indicación que propusieron los senadores Latorre y Allende apunta a introducir la figura de una permanencia transitoria para la búsqueda de oportunidades laborales. El argumento del subsecretario para oponerse a este indicación, según apareció ayer en una nota publicada por El Mercurio[1], es que una medida de este tipo apunta a “convertir una práctica excepcional en general”. ¿Desde qué mirada de los procesos migratorios puede entenderse como excepcional la llegada a otro país para buscar trabajo? Ese es precisamente uno de los grandes motores de las migraciones contemporáneas.
La afirmación del subsecretario revela un modo gubernamental de pensar las migraciones que no se condice con lo que ha mostrado la evidencia empírica sobre este tema hasta el momento: los flujos migratorios no se generan, encauzan ni detienen por las regulaciones estatales. Si las políticas restrictivas fueran efectivas para detener las migraciones, Estados Unidos no sería el primer país de destino a nivel internacional, como lo muestra el reporte internacional de migraciones 2020 elaborado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)[2]. Los únicos efectos probados de las restricciones migratorias son el aumento de la precarización de las personas migrantes y la violación de sus derechos humanos, causados tanto por el abuso de empleadores, o de actores que lucran con los desplazamientos de personas, como por obstáculos generados por las normativas estatales.
El proyecto de ley que el gobierno busca aprobar procura introducir un entramado de restricciones a la migración que van desde la visa consular, que lleva la frontera hasta los propios países de origen (donde se gestionaría el permiso para venir a Chile), hasta la imposibilidad de cambiar de categoría migratoria estando dentro del país, pasando por criterios selectivos (y, al final, discriminatorios) de acceso a la residencia. Azuzando fantasmas de fácil adhesión en tiempos de crisis, como una eventual invasión de migrantes, se procura demostrar la racionalidad de estas medidas. ¿Pero pueden considerarse racionales medidas que no atienden a la realidad de los fenómenos que buscan regular?
Aprobar una ley que responda a la realidad migratoria de estos tiempos implica asumir que, así como los flujos financieros y del capital exceden/traspasan las fronteras nacionales en su movimiento, también lo hacen las personas, gran parte de ellas, además, en su calidad de trabajadores. El propio proyecto de ley, en sus fundamentos, alude a esta situación paradojal: “Desde principios de los 90’ –dice el texto-, Chile tomó la determinación de abrir con decisión sus fronteras al mercado global de capitales y al de bienes y servicios. Hemos firmado acuerdos de libre comercio con numerosos países y bloques comerciales, que representan el 86% del Producto Interno Bruto mundial. Estos procesos de franca apertura, sin embargo no han sido acompañados por la modernización de la regulación de la movilidad humana en el contexto de un mercado global. En lo que a ello respecta, mantenemos la mirada proteccionista y temerosa de la década de los 70”. El pez por la boca muere, afirma sabiamente el refrán.
Cabe preguntarse, entonces, cuál es la lógica que está detrás de esta flexibilidad del Estado para la circulación de los capitales, frente al endurecimiento de las barreras para el ingreso de ciertos migrantes. Al parecer, la lógica de la desigualdad de poder de ambos actores (empleadores y trabajadores migrantes), por supuesto, pero también la lógica que dejan ver sus efectos: la construcción de una mano de obra más precarizada. Algo que, obviamente, no es a los migrantes a quienes beneficia.
En el proceso de tramitación de esta ley, el gobierno se ha atrincherado en un argumento con rédito político, el de la “casa ordenada” e, implícitamente, el de Chile para los chilenos, y lo ha hecho desoyendo argumentos sustentados en evidencia empírica, relevada y analizada por estudiosos del tema. Como sucede en otros frentes del escenario actual, se desvalorizan esos argumentos tachándolos de ideológicos, cuando en verdad son las posiciones oficiales, esas que se sustentan en argumentos securitistas, nacionalistas y economicistas, las que se encuentran más cercanas a esa imagen negativa que se ha construido de las argumentaciones ideológicas.
[1] “Gobierno rechaza indicación de Allende (PS) y Latorre (RD) por “romper” política migratoria, El Mercurio, 19/7/2020, cuerpo Nacional, página 5.
[2] En línea, https://publications.iom.int/es/system/files/pdf/wmr_2020.pdf, página 26.
