MERCADOS|OPINIÓN
El modelo de AFP chileno no es un sistema de pensiones. Efectivamente, estas proveen un pago, aunque sea de volumen incierto y generalmente magro, pero desancla profundamente el nivel de las rentas del trabajo del ingreso en la etapa de la jubilación. Aún habiendo diversidad en sus resultados, en un sistema como el español las pensiones de vejez alcanzan aproximadamente un 80% de un salario regular; incluso, personas que tuvieron ingresos muy bajos o inexistentes en su vida laboral, y no pudieron aportar lo suficiente en el sistema ordinario, pueden mejorar su situación. Es cierto que los niveles de riqueza de ambos países son muy disímiles, pero es difícil entender cómo después de 30 años de trabajo sin laguna previsional alguna, una persona puede pensionarse con un 25% a un 30% de su salario.
Como las personas no alcanzan un ingreso suficiente, necesitan y siguen trabajando durante sus últimos años de vida, lo que convierte las rentas pagadas por las Administradoras de Fondos en pensiones fake, o una emulación hueca que hace uso de palabras que parecen comprometer algo que nunca sucede; es decir, “pensiones a la chilena”.
En lugar de ello, debería decirse que no hay un sistema de pensiones más que para unos privilegiados que nunca entraron en el sistema “AFP”. Es vox populi que los cuerpos de policía y las ramas del Ejército, ¿patriota?, se automarginaron de un sistema instalado por brillantes economistas en los que nunca confiaron lo suficiente para ellos y sus familias, pues tuvieron claridad instantánea de la falsedad de los cálculos de ese grupo de vendedores de motos sin motor, propulsados por la bencina de la sangre opositora. Sin duda, este hecho abre una herida perenne en un sistema que es evidentemente injusto y desnuda los privilegios ilegítimos del núcleo duro del régimen dictatorial.
Los sistemas de reparto no pueden mágicamente proveer ingresos estupendos, y generan pensiones desiguales, pero pueden ser regulados. No son vistos como de izquierdas en Europa, aunque es cierto que los partidos de derechas suelen propiciar el ahorro privado voluntario como suplemento del sistema público. Sin embargo, no debe ser entendido como una entidad aislada, sino que forma parte de un sistema de seguridad social integral que incluye a la atención de salud como un elemento esencial, generalmente gratuita y desde luego no asociada a deuda, lo que termina de clavar en la cruz a quien no cometió crimen alguno, y menos el moral de la avaricia.
Viejos con rentas básicas (no pensiones) de pobreza que deben ser suplementadas o sustituidas por el trabajo y una provisión de salud restringida convierten la vejez chilena en un desafío que se mira con temor cuando ya el abismo de la muerte se adivina y contribuye a agrandarlo la agudeza de los riesgos económicos. La pandemia parece que va a disminuir las pensiones que ya son pequeñas, lo que obligará incluso a trabajar a personas que poco tiempo atrás podían esperar eludirlo. Más que dinero, es trabajo, la forma de vida en la vejez, cuando muchos no serán hábiles para hacer este esfuerzo adicional.
En la medida en que las cuentas son individuales, es lógico que de ello se derive que se consideren recursos de los ahorristas, que eventualmente puedan ser retirados. Esto no sucede en los sistemas de reparto, pues los presupuestos sirven al funcionamiento de un sistema y no pertenecen a cotizante alguno.
Si a ello le sumamos que jubilarse en Chile a menudo no significa dejar de trabajar, sino que las pensiones son una renta más, a veces incluso menor, se puede entender que para los futuros trabajadores de la tercera edad la pérdida de renta de la cuenta de la AFP que propone la reforma legal aparezca como un simple contratiempo, un número en una ecuación diferente a la de los economistas que diseñaron y gestionan el modelo, soportado a base del trabajo de ancianos que ha permitido mantener a flote un barco a la deriva.
