MERCADOS|OPINIÓN
En el marco de las crisis que atraviesa el país, el Gobierno se ha puesto como meta dar urgencia a la necesidad de hacer más eficiente y eficaz el gasto público. Para ello, el ministro de Hacienda ha promovido la idea de implementar una metodología conocida como el Presupuesto Base Cero (PBC). Frente a ello, legisladores de oposición han declarado recientemente estar en contra de lo que consideran podría achicar el Estado y generar despidos masivos, en línea con lo que ha planteado el presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF). Ciertamente, es comprensible que la ANEF, en tanto grupo de interés, sea suspicaz respecto al PBC. Sin embargo, los cuestionamientos sobre esta técnica expresadas por los actores señalados han sido insensatas, por cuanto se basan en suposiciones poco ciertas.
De partida, el PBC se inscribe dentro de la agenda de modernización del Estado, la que ha sido trabajada gradualmente por distintos gobiernos. Esta se justifica en la necesidad de mejorar la calidad del uso de los recursos públicos. Al respecto, según el BID (2018), aproximadamente 1,8% del PIB se pierde en ineficiencias, principalmente por filtraciones en transferencias (0,9%). Esto ha sido ratificado recientemente por la Dirección de Presupuestos (Dipres) y la Subsecretaría de Evaluación Social, instituciones que revisaron 687 programas de oferta pública, de los cuales un cuarto tiene una focalización inadecuada.
En este sentido, el PBC no consiste en recortar el gasto público, despedir funcionarios o achicar el Estado, como lo han manifestado la ANEF y algunos legisladores, sino, más bien, en hacer que este tenga mayor y mejor impacto sobre la calidad de vida de las personas, al aumentar su eficiencia y enmendar problemas que se reiteran por la inercia producida, en parte, por los cercos que construyen stakeholders que se benefician de este statu quo.
En segundo lugar, la crisis de octubre (2019) y la pandemia han reducido el crecimiento económico y aumentado el gasto público, volviendo urgente no solo aumentar la recaudación, sino también utilizar mejor los recursos existentes. Considerando que en el peor de los casos la deuda bruta podría crecer exponencialmente hasta el 70% del PIB en 2026 y en torno al 125% del PIB en el 2030 (ubicándonos entre las economías emergentes más riesgosas del planeta en materia fiscal), el PBC permitiría contener esta posibilidad y limitar responsable y eficazmente la expansión del gasto.
Uno de los desafíos en los procesos en los que aumenta el gasto, es evitar que este sea capturado o se pierda, lo que no necesariamente ocurre deliberadamente, sino por falta de información en el proceso de toma de decisiones. Lograr que el presupuesto público sea correctamente utilizado, que sea para todos, exige consolidar una institucionalidad que advierta y prevenga aquellas políticas o procesos mal diseñados, que finalmente debilitan el correcto desempeño del Estado.
En este sentido, la metodología del PBC, a pesar de ser técnica, es profundamente social y actúa en favor de la ciudadanía, representando un gran paso dentro de la tan necesaria agenda de modernización.
