Opinión
Los resultados del plebiscito del 25 de octubre son categóricos. Cuatro de cinco ciudadanos y ciudadanas quiere una nueva constitución política para Chile. Igual proporción quiere que dicha constitución sea elaborada por constituyentes íntegramente electos por ella para estos efectos.
Con este resultado se da inicio a un proceso que pondrá término definitivo a una constitución que no solo fue impuesta en dictadura, sino que además, no obstante sus numerosas reformas, estableció importantes limites a una democracia plena y al ejercicio de los derechos humanos, generando exclusiones y desigualdades de todo tipo.
Como sabemos, dicha constitución – y entramado institucional a que dio origen- mantuvo dichos límites democráticos como consecuencia de su trampa fundacional; el sistema electoral binominal hasta hace poco vigente, y los quórums supra mayoritarios para su reforma. Todos los esfuerzos por dotarse de una nueva carta fundamental elaborada de manera plural e inclusiva demandados desde hace al menos una década por movimientos sociales, ciudadanos e indígenas, entre otros, fueron inoficiosos. Sus guardianes, siguiendo las directrices de su otrora ideólogo Jaime Guzmán – quien sostuvo que el objetivo de esta carta era asegurar que los adversarios a la dictadura, de llegar al poder, no pudiesen hacer algo muy distinto de lo que esta haría en el- se opusieron tenaz y sistemáticamente a ello, así como también al cambio del entramado institucional derivado de dicha constitución.
Cuando la cuidadanía se movilizó el año pasado para visibilizar dichas exclusiones y exigir una nueva constitución elaborada de modo democrático e inclusivo, gatillando el proceso constituyente que posibilitó el plebiscito de ayer, los guardianes de la constitución cuestionaron su legitimidad argumentando que dicho proceso se había sido gestado bajo presión y fuerza.
Los resultados del plebiscito echan por tierra dicha argumentación, dando cuenta de manera incuestionable la voluntad de la inmensa mayoría de los y las cuidadanas de dotarse de una nueva carta fundamental, que exprese el consenso de la sociedad y de los pueblos que habitan el país, elaborada de manera democrática e inclusiva.
Otra cuestión que los resultados del domingo 25 permitieron identificar , es quienes han sido hasta hoy los guardianes de la actual constitución: son un reducido grupo de chilenos que residen en las comunas más ricas del país; Las Condes Vitacura, Barnechea, tres de las tan solo cinco comunas donde ganó la opción rechazo ( las otras dos, Antártica y Colchane, cuentan con importante proporción de población militar, lo que podría explicar los resultados en ellas obtenidos).
Este verdadero gueto económico y social, que logró generar o mantener su riqueza al amparo de la actual constitución, fue derrotado. Y aunque quienes lo integran tienen, al igual que todos los sectores del país, todo el derecho a participar en el proceso de elaboración de una nueva constitución política, es de esperar hayan aprendido la lección de su derrota; nunca más pueden ni deben, por poderosos que sean, imponer su visión de sociedad y Estado de manera antidemocrática a la del resto de los y las ciudadanas como lo hicieron hasta ahora con la constitución de 1980.
