Opinión
La relación de la derecha chilena con los Derechos Humanos está marcada por la contradicción. Por un lado, discursos que pretenden despercudirse de su pasado pinochetista y, por el otro, su participación y complicidad en la preservación de la impunidad y en la mayor crisis de Derechos Humanos de la posdictadura que hemos vivido desde la dictadura. Si bien esta contradicción también tuvo lugar en todos los gobiernos desde 1990, la magnitud de la crisis actual llama a ser especialmente enfáticos, más aún cuando por su carácter irresoluto, el binomio dictadura-democracia mantiene relevancia para pensar el concepto de Derechos Humanos hoy.
En torno a esto último, una figura central de la política chilena actual como es Joaquín Lavín, fue uno de los primeros en tomar acción decidida. Hace décadas afirmó que desconocía del terrorismo de Estado como justificación para su participación en el régimen, y hace poco, incluso reconoce el carácter fanático del pinochetismo que habría dejado atrás. En ese sentido, resulta necesario analizar si estas palabras van de la mano con acciones. Y este ejercicio resulta esencial toda vez que el alcalde de Las Condes aparece liderando las encuestas presidenciales.
Para este ejercicio se parte del siguiente supuesto: el respeto de los DD.HH. va mucho más allá de la mera abstención al ejercicio de formas físicas de violencia estatal, y si bien su erradicación y prevención es una tarea prioritaria y fundamental para cualquier democracia formal, no es condición suficiente para poder democratizar la sociedad y la política.
En ese sentido, aunque Joaquín Lavín afirme cuestiones como la reconstrucción de lo público como eje para la dotación de derechos sociales, o la importancia de la integración social, en las maneras en que dichos proyectos se han prefigurado en su gestión municipal, es posible ver un carácter disciplinador y autoritario.
En cuanto a la integración, un hito en el despliegue de Lavín fue la decisión de construir viviendas sociales en Las Condes, cuestión que generó un intenso debate que enfrentó a vecinos con el alcalde. Uno de los factores que promovió tal desencuentro fue el prejuicio de que llegaran delincuentes, narcotraficantes o malos vecinos en general. De ahí que se definiera un aumento de los requisitos usuales para la postulación a viviendas sociales: más ahorro e inexistencia de antecedentes penales para todo el grupo familiar. Lo primero implica una exclusión de los sectores más empobrecidos, y lo segundo implica un castigo doble y extendido a toda la familia que asume la imposibilidad de la reinserción. De ese modo se buscaba cautelar que llegara gente que fuera “un aporte” a la comuna.
Lo anterior reproduce lógicas dicotómicas que son contradictorias con una perspectiva de Derechos Humanos, en la medida que suponen la diferenciación radical entre grupos buenos y malos de acuerdo a criterios que en muchas ocasiones son prejuiciosos, discriminatorios y excluyentes. En ese sentido, la integración con “los buenos” mientras se excluyen “los malos” supone un afán de disciplinamiento que puede asimilarse a la lógica del garrote y la zanahoria, y por tanto se aleja de una búsqueda por comprender la causa de los problemas y promover formas de resolución democratizadora de los mismos.
Si bien lo anterior es un grave problema en sí mismo, se hace uno mucho más peligroso e incluso autoritario cuando se relaciona con la reacción que desde la comuna se ha tenido con la protesta social, práctica que ha sido castigada con el bloqueo de la tarjeta de vecino Las Condes. Y es que precisamente es aquel instrumento el que permite acceder a una serie de beneficios sociales de alta calidad que Lavín parece plantear como modelo a expandir por el país. De este modo, la dotación de mejores derechos sociales parece estar anclada a un supuesto buen comportamiento medido a través de criterios que criminalizan derechos absolutamente necesarios en una sociedad democrática, como la manifestación o la protesta. Incluso, uno de los casos más bullados fue el de la sanción motivada por la realización de una velatón en la vía pública a propósito del caso de Antonia Barra.
¿Debemos suponer que, si Lavín llega a ser presidente, las millones de personas que se han movilizado y protestado quedarán en riesgo de ser excluidas de cualquier política social?
Lo anterior se agrava cuando algunas de las formas para generar este tipo de castigos es la televigilancia vía drones que se encuentra además circunscrita especialmente a ciertos sectores de la comuna, donde viven los sectores más empobrecidos. Y dar esa discusión supone también enfrentarse a la continuidad de criterios racistas y biométricos que juegan un rol bien significativo en este tipo de cuestiones, pues en la medida que los sesgos que se han reproducido social y culturalmente por décadas no se reconocen ni se alteran con medidas concretas de corto, medio y largo plazo, entonces siguen afectando todas las formas de acción política. Además, cuestiones como el derecho a la privacidad o al uso libre de los espacios públicos pueden verse sumamente afectadas por un uso irresponsable y autoritario de las nuevas tecnologías.
Es importante saber si estas lógicas de control están contenidas en la idea de “prevención de la delincuencia”, pues de ser así el peligro de extenderlas a todo el territorio nacional bajo una posible presidencia lavinista es algo que supone un grave riesgo a las libertades individuales básicas. Cabe preguntarse si este modelo de exclusión es el que tiene pensado promover un eventual nuevo gobierno de su coalición.
Ahora bien, más allá de dichas proyecciones, es fundamental proponer otras formas de pensar la acción política local, así como de lidiar con las tensiones sociales que sustentan estas políticas. Ello implica promover formas de resolución de conflictos ancladas en una cultura del respeto a los Derechos Humanos. Pero además se hará necesario abrir discusiones espinudas como puede ser la tensión entre tales principios y las posiciones que puedan tener grupos importantes e incluso mayoritarios dentro de la comuna o el país. En definitiva, si como sociedad consideramos que avanzar en una democracia centrada en los DD.HH. es relevante, las propuestas y acciones de Joaquín Lavín hasta ahora nos alejan de dicho objetivo.
