Opinión
Es necesario que la centroizquierda asuma un rol decidido en promover políticas públicas progresistas que, desde una óptica científica y de pleno respeto a las libertades y los derechos humanos, sean capaces de generar mayor equidad a la ciudadanía en el acceso a la seguridad y paz social. Para ello, se requiere implementar medidas distintas a las políticas conservadoras que han predominado en la agenda pública estos últimos 30 años, que generen un quiebre en la tendencia delictual actual, evitando que este problema se incremente a niveles tales, que hagan después más difícil y costosa su solución.
En nuestro país, desde el retorno de la democracia, la seguridad ciudadana se ha ido constituyendo en uno de los elementos de mayor preocupación por la sociedad chilena y de mayor complejidad de resolución, por los distintos gobiernos que se han sucedido desde 1990 en adelante.
Durante los primeros años de la transición, la prioridad en materia de seguridad estuvo en desarticular los grupos subversivos constituidos durante el régimen militar y, en la medida que estos fueron desapareciendo, empieza a adquirir relevancia en la opinión pública el delito común, separado del componente político, al punto de ser al día de hoy uno de los problemas que más interés demanda por parte de la ciudadanía, siendo a su vez el más difícil de resolver, en donde a los gobiernos progresistas siempre se les ha endosado una suerte de “complejo” para abordar esta temática, principalmente desde la derecha y, en gran medida, por la incapacidad de elaborar con determinación y sustento técnico una visión política que pueda conciliar seguridad con pleno respeto de los derechos humanos, binomio insustituible en una sociedad democrática de derechos.
[cita tipo=»destaque»]Estas cifras nos muestran que estamos estabilizados en los índices de victimización desde hace 10 años, que todas las políticas públicas de endurecimiento de penas que se han implementado para disminuir la comisión de delitos de mayor connotación social durante este último tiempo, han tenido prácticamente nulo impacto. Que la mayoría de los delitos de mayor connotación social, son delitos contra la propiedad y, por lo tanto, están directamente vinculados con fenómenos sociales, tales como pobreza y desigualdad, y que la percepción de inseguridad no se condice con la realidad del país, que es generada principalmente por la televisión a través de sus noticiarios.[/cita]
Pero lo cierto es que esta supuesta incapacidad del mundo de centroizquierda para abordar la seguridad, es más un eslogan que una realidad. Durante los 4 primeros gobiernos democráticos se adoptaron medidas que permitieron disminuir a menos de un 30% el índice de victimización, mediante la aplicación de políticas emanadas de una visión de control delictual punitiva, que consideró cuestiones tales como el fortalecimiento institucional de las policías, pasando por un potente plan de construcción de cárceles, por el incremento de penas en delitos de fuerte connotación pública y por la Reforma Procesal Penal, por nombrar tan solo algunas de las acciones más relevantes implementadas durante este periodo.
Si bien el primer Gobierno del Presidente Piñera asumió con el combate a la delincuencia como uno de sus principales compromisos programáticos, lo cierto es que esto no fue así, desarrollando una política de continuidad respecto de lo realizado durante los gobiernos de la Concertación, lo cual al día de hoy ha tenido como consecuencias positivas la estabilización de los índices de victimización de manera sistemática bajo el rango del 30%, pero que ha demostrado serios problemas derivados de una incapacidad real de poder disminuir sustantivamente estos índices, sumado al develamiento de una crisis policial institucional, principalmente en Carabineros de Chile y, a una percepción de inseguridad entre la población que sigue siendo muy alta, sindicando al narcotráfico y el problema de las bandas de narcotraficantes como uno de los elementos más preocupantes y complejos de combatir.
Por otro lado, este sensación de desborde delictual, que comparativamente no es tal, tiene una relación directa con un modelo de desarrollo que ha construido la modernidad sobre la base de una fuerte segregación social y territorial, segregación que se plasma en la desigualad con que el Estado acude a los barrios más vulnerables a brindar seguridad y a un tratamiento penal que tiende a criminalizar la pobreza, con sanciones excesivamente altas respecto de delitos contra la propiedad y comparativamente menos rigurosas respecto de los delitos económicos –popularmente llamados de cuello y corbata–, sumado al hecho de que se sigue entendiendo, como fórmula idónea para tratar la delincuencia, la aplicación de penas restrictivas de libertad, lo que ha significado que de acuerdo algunas estadísticas, como las del World Prision Brief, nuestro país ocupe el lugar séptimo en Sudamérica y el 45 a nivel mundial en lo que se refiere al total de personas privadas de libertad, no obstante ser uno de los con menores tasas de homicidios por cada 100 mil habitantes en toda la región, sin contar con el hecho de que, del total de personas privadas en libertad, un 35,7% no está condenada, constituyendo aquello una violación flagrante al principio de presunción de inocencia.
Todo esto genera la necesidad imperiosa de hacer diagnósticos certeros, que nos permitan adoptar políticas públicas de largo aliento que tengan base científica de acuerdo a evidencia, para que las decisiones que se adopten realmente surtan como efecto la reducción de la criminalidad, cuestión que ha sido, por desgracia, en extremo dificultosa, dada la liviandad con que se aborda el tema y la manipulación mediática con que se tiende a sacar redito político de ello.
En Chile, y desde una aproximación simple, podemos señalar que, de la lectura de los resultados de la serie de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC), la cual se viene aplicando en nuestro país desde el 2003, estos últimos diez años el índice de victimización se ha mantenido en un rango inferior al 30%, habiendo sido el 2011 el año más alto, con un 28,8%, y el 2013 el más bajo, con un 22,8%. El año 2019, último en donde se aplicó esta medición, la victimización llegó a un 23,3%.
Luego, es interesante constatar que la ENUSC considera como delitos de mayor connotación social los delitos contra la propiedad, por lo que podemos extrapolar la correlación directa de causalidad entre factores socioeconómicos con la ocurrencia de la mayoría de estos delitos.
Otro dato interesante es que, medida la victimización regionalmente, la zona con más alto índice de victimización es la Región de Tarapacá, con un 32,7%, seguida de la Región de Arica y Parinacota, con un 29,3%, y la con menor índice es la de Aysén, con un 7,9%, estadísticas que dan cuenta de que el delito se incrementa en aquellas regiones en donde el impacto del narcotráfico es más fuerte y en donde los índices de calidad de vida son más bajos.
Por último, llaman la atención dos datos dignos de destacar. Por un lado, que la percepción de inseguridad en nuestro país es altísima, alcanzando su peak el 2015, con un 86,8% (el 2019 alcanzó un 82,0%) y, por el otro, que la principal fuente de información son por lejos las noticias de la televisión, con un 41,9% el 2019. Para que se hagan una idea, la fuente de información que le sigue es la información de otras personas, con un 16,4%, también para el 2019.
Estas cifras nos muestran que estamos estabilizados en los índices de victimización desde hace 10 años, que todas las políticas públicas de endurecimiento de penas que se han implementado para disminuir la comisión de delitos de mayor connotación social durante este último tiempo, han tenido prácticamente nulo impacto. Que la mayoría de los delitos de mayor connotación social, son delitos contra la propiedad y, por lo tanto, están directamente vinculados con fenómenos sociales, tales como pobreza y desigualdad, y que la percepción de inseguridad no se condice con la realidad del país, que es generada principalmente por la televisión a través de sus noticiarios.
A ello, se suma el aumento en la desconfianza hacia la institución policial, Carabineros principalmente, y el que la distribución territorial de los delitos de mayor connotación social tiene un componente de sesgo social, concentrándose la mayor comisión de estos en los sectores más carenciados, generándose verdaderas “zonas de sacrificio” a nivel delictual.
En razón de esto, es necesario que la centroizquierda asuma un rol decidido en promover políticas públicas progresistas que, desde una óptica científica y de pleno respeto a las libertades y los derechos humanos, sean capaces de generar mayor equidad a la ciudadanía en el acceso a la seguridad y paz social. Para ello, se requiere implementar medidas distintas a las políticas conservadoras que han predominado en la agenda pública estos últimos 30 años, que generen un quiebre en la tendencia delictual actual, evitando que este problema se incremente a niveles tales, que hagan después más difícil y costosa su solución.
