Opinión
Dos de los mayores desafíos que enfrentará Chile en los próximos años, en paralelo a la construcción e implementación de la nueva Constitución, son hacer frente a la emergencia climática y avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo que supere el extractivismo y nos permita una recuperación pospandemia virtuosa, sostenible e integradora.
Ambos desafíos se intersectan nítidamente con las oportunidades que abre la industria del hidrógeno verde. La misma geografía que nos sitúa como uno de los territorios más vulnerables a los efectos del cambio climático también nos permite contar con la radiación solar más alta del planeta, con uno de los mayores potenciales de generación eólica y, con ello, proyectarnos como el país que puede llegar a producir el hidrógeno limpio más barato del mundo al año 2030, a un precio incluso menor a los 1,5 dólares por kilo.
El hidrógeno verde, aquel producido por la electrólisis del agua mediante electricidad de fuentes renovables, es un combustible limpio que ha sido catalogado como el “petróleo del futuro” por sus amplias posibilidades de reemplazo de los combustibles fósiles, especialmente en las aplicaciones más difíciles de electrificar. Según el Hydrogen Council, al año 2050 podría representar un 18% de la demanda global de energía, contribuyendo a disminuir en un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero. El mundo desarrollado se prepara para su masificación, al punto que Japón aspira a transformarse en una “sociedad basada en el hidrógeno”.
Hay pocas dudas de que el hidrógeno llegó para quedarse y de que a Chile le cabe un rol protagónico en ese proceso. Pero una pregunta sigue abierta: ¿nuestro Estado va a jugar un papel estratégico o será un mero espectador mientras los privados -o incluso empresas de propiedad de Estados extranjeros, como ocurre en los estratégicos mercados de la generación y la distribución eléctrica- se reparten la cancha entre ellos? De no hacer algo distinto, la inercia del modelo podría llevarnos a la segunda respuesta, tal como ocurrió con la cuestionada licitación del actual gobierno que adjudicó el Instituto de Tecnologías Limpias a un consorcio norteamericano en vez de una alianza entre las más prestigiosas universidades nacionales.
La producción, el consumo interno y la exportación del hidrógeno serán parte de los pilares de una reactivación verde e innovadora, pero esta industria debe crecer con respeto a las comunidades, protegiendo el agua, dejando una parte razonable de sus ganancias en Chile y promoviendo la generación de capacidades profesionales y técnicas en nuestro país, así como los encadenamientos productivos que sean necesarios para desarrollar aquí una parte de la tecnología que permita su despegue. La desvinculación del desarrollo tecnológico es una realidad pese a los avances que indudablemente hemos tenido en materia energética. Dependemos de que la tecnología se genere en otras latitudes, al punto que si países como Alemania o Dinamarca no hubieran trabajado en innovaciones en materia solar y eólica, probablemente seguiríamos discutiendo si debemos instalar más centrales a carbón, a gas o revivir proyectos como HidroAysén.
El gobierno ha identificado estas oportunidades y ha sugerido una estrategia para el desarrollo del hidrógeno verde, pero sigue sin responder la pregunta sobre un rol verdaderamente proactivo del Estado. Por eso nos parece ineludible la creación de una Empresa Nacional del Hidrógeno que sea pública, paritaria y que cumpla con los más altos estándares de transparencia y eficiencia. Su objetivo no puede ser monopolizar el sector, pues el papel de las empresas privadas es insustituible y hay que generar sinergias con ellas, pero sí liderarlo con una mirada de largo plazo. No basta con solo financiar iniciativas privadas: el sector público debe involucrarse en este desafío más allá de un rol meramente coordinador.
De acuerdo a la misma Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde, se espera que esta actividad genere 100 mil nuevos empleos y que crezca a un ritmo anual mayor al 15% a partir del 2025, hasta equiparar en tamaño al sector minero. Tal nivel de magnitud nos obliga a hacer todos los esfuerzos para no repetir la historia, esa que lamentablemente nos recuerda que la falta de visión y de decisión política nos ha impedido aprovechar nuestras ventajas naturales para activar nuevos sectores de la economía. Para encaminarnos al desarrollo necesitamos un nuevo trato entre el Estado, las empresas y la ciudadanía.
Una Empresa Nacional del Hidrógeno ayudaría a acelerar la transición energética y económica con el foco puesto en que sus beneficios lleguen a todas y todos. Tenemos los elementos necesarios para transformarnos en una potencia verde que contribuya al mundo con soluciones efectivas para mitigar la emergencia climática. Esta vez, la historia puede ser distinta si nos atrevemos a pensarla de un modo diferente.
