Opinión
En 2012 China incorpora la «civilización ecológica» en su Constitución, emblema que intenta contrarrestar la degradación del medio ambiente que ha afectado en las últimas décadas al país, deteniendo los proyectos industriales, aumentando la producción de energías sustentables, transformando de esta manera el entorno hacia una vida sostenible. Con el anuncio de cero emisión de carbono para 2060 del presidente Xi Jinping en el Acuerdo de París, China inicia una nueva era en su geopolítica y sus compañías toman el liderazgo internacional en la producción de energías sustentables.
Como lo señala el experto en medio ambiente y comunicación, Scott Slovic, más que la creación de conceptos, vocabularios o actitudes nuevas, la concepción de una civilización ecológica va de la mano con una reafirmación de valores éticos y culturales chinos. Si bien se trata de una perspectiva positiva frente al extractivismo que por siglos se lleva a cabo en el mundo, surgen cuestionamientos al actuar de las corporaciones estatales chinas en otros países, particularmente en América Latina.
Las dudas, justamente, apuntan a si estas prácticas son acordes a la idea de construcción de una «civilización ecológica» o continúan generando procesos de privatización de los bienes comunes, del espacio público o de las tierras que originalmente pertenecían a comunidades humanas u otros seres vivos. Un caso que nos permite visualizar esta dicotomía en la actualidad se presenta en la Región del Biobío, donde la empresa estatal China International Water and Electric Corporation se adjudicó un proyecto hidroeléctrico.
A mediados del mes de febrero un conjunto de organizaciones socioambientales de las comunas de Santa Bárbara y Quilaco han iniciado un movimiento social con el propósito de frenar el proyecto Central Hidroeléctrica Rucalhue, detener las obras de construcción y visibilizar ante la ciudadanía local y nacional la magnitud de la destrucción del ecosistema (Resumen, 16 de febrero, 2021). Según informa La Tribuna, el proyecto fue adquirido a la empresa brasileña Atiaia, que había conseguido la resolución ambiental en el año 2016. La empresa China International Water and Electric Corporation, filial internacional de la Corporación de las Tres Gargantas (CTG), es la empresa más grande del mundo en materia de generación energética (La Tribuna, 30 de enero de 2020). Al igual que muchos otros, este proyecto producirá impactos ambientales de envergadura, toda vez que contempla inundar todo el sector que une los ríos Biobío y Quilme, dando paso a un embalse de alrededor de más de seis kilómetros de extensión por el primero y más de un kilómetro por el segundo río, afectando a casi 200 hectáreas de un valor único en la zona.
Sin considerar los enormes daños que ya ha tenido el río con la construcción de otros proyectos hidroeléctricos de gran extensión, el Estado chileno aprueba esta nueva intervención, vulnerando de esta forma los acuerdos establecidos con las comunidades locales, principalmente con comunidades pehuenche. Al daño ecológico se suma entonces la escasa o nula participación en los procesos de consulta establecidos en los tratados internacionales de pueblos indígenas.
Al igual que las autoridades locales, la CTG, que se adjudica el proyecto, no parece estar tomando en cuenta los argumentos de las organizaciones ambientalistas para la detención y análisis en profundidad del daño al ecosistema.
Francisco Urdínez, del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Católica, señala que la CTG es una de las empresas administradas por la Comisión Estatal para la Supervisión y Administración de los Activos del Estado (SASAC), que lleva su nombre por ser la corporación estatal que construyó el proyecto hidroeléctrico más grande del mundo, el de las Tres Gargantas en el río Yangtsé, donde relocalizaron a cientos de miles de chinos debido a que sus ciudades quedarían bajo el agua (La Tercera, 10 de febrero de 2020). Si bien este inmenso daño ambiental que produjo la CTG (Huang y Wu, 2018) ocurre en un periodo anterior a la denominada «civilización ecológica», las críticas medioambientales a los múltiples proyectos hidroeléctricos en ese país aún se mantienen.
De lo anterior y, volviendo al caso particular de Chile en la zona del Biobío, más allá de las regulaciones chilenas respecto del medio ambiente, ¿existen prácticas socioambientales inclusivas en la administración estatal de las empresas chinas que se adjudican proyectos en el extranjero? ¿Cuáles aspectos éticos en la retórica de «civilización ecológica» se estarían o no cumpliendo para los proyectos de energías sustentables? ¿Cómo interactúan estos discursos éticos con las «energías sustentables» y el posicionamiento de la tecnología en enfrentar el cambio climático? ¿Cómo se pretende concebir una civilización ecológica bajo una economía de constante consumo?
Rucalhue reclama al gobierno chileno y a las empresas nacionales o internacionales una «civilización ecológica», pero aquella que dialogue con sus comunidades, contextualizando las problemáticas y evitando proyectos que continúen con el daño provocado en experiencias anteriores.
