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Javier Couso y reformas constitucionales: “Es un recurso típico de gobiernos que ceden al populismo”

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El constitucionalista cuestionó que el Gobierno reabra el debate constitucional y recurra a cambios a la Carta Fundamental tras decisiones del TC. “Es un recurso típico de gobiernos que ceden al populismo autoritario”, afirmó, y advirtió “improvisación” en la agenda de seguridad.


Resumen
Síntesis generada con OpenAI
Javier Couso cuestionó las reformas constitucionales impulsadas por el Gobierno y advirtió sobre el precedente de modificar la Carta Fundamental frente a decisiones del TC. El abogado sostuvo que se trata de “un recurso típico de gobiernos que ceden al populismo autoritario” y apuntó a contradicciones en la propuesta que restringe derechos sociales a condenados por crimen organizado.
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El abogado constitucionalista Javier Couso cuestionó el camino escogido por el Gobierno para impulsar parte de su agenda y advirtió sobre las consecuencias institucionales de recurrir a reformas constitucionales para abordar materias que han sido objeto de pronunciamientos del Tribunal Constitucional.

En conversación con Al Pan Pan de El Mostrador con Mirna Schindler, el director del Doctorado en Derecho de la Universidad Diego Portales sostuvo que la decisión del Ejecutivo supone reabrir una discusión que no estaba contemplada originalmente.

“No imaginábamos, no estaba anunciado ni en la candidatura del Presidente (José Antonio) Kast, ni en los meses que nos preceden, que se iba a entrar, por decirlo así, a reabrir el debate constitucional”, afirmó.

Sus declaraciones se producen en momentos en que la Constitución volvió al centro de la discusión política. Por una parte, el TC se pronunció sobre normas de la Ley Miscelánea del Gobierno, declarando inconstitucional el derecho a indemnización en caso de anulación de una Resolución de Calificación Ambiental, aunque mantuvo la mayor parte de las disposiciones relativas a invariabilidad tributaria.

En paralelo, el Ejecutivo impulsa la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), que contempla modificaciones a la Carta Fundamental y que ya abrió diferencias incluso dentro del oficialismo. El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, afirmó que “en las condiciones actuales, la UDI no puede apoyar las reformas constitucionales de seguridad porque dañan la institucionalidad”.

Para Couso, utilizar cambios a la Constitución como respuesta frente a decisiones de la justicia constitucional representa un precedente que puede tener consecuencias más amplias.

“Es un recurso típico de gobiernos que ceden al populismo autoritario. Y ante un fallo de un Tribunal Constitucional que está encargado de velar por la integridad del orden constitucional, reaccionar cambiándole el parámetro respecto al cual acaba de pronunciarse”, sostuvo.

El académico planteó que esa lógica podría extenderse en el futuro a otros ámbitos si un Ejecutivo dispone de las mayorías suficientes y enfrenta resoluciones que no comparte.

“Con esta lógica, en el futuro nada impediría que ante una decisión del Tribunal o una serie de decisiones que al Gobierno no le gustan, si tiene mayoría, haga lo que ocurrió con (Andrés Manuel) López Obrador, que era un populista de izquierda en México, que es cambiar la integración del juez por la vía de movilizar la carta populista”, señaló.

Couso también puso el foco en una de las disposiciones contempladas dentro de la propuesta constitucional en materia de seguridad: la posibilidad de restringir determinadas prestaciones sociales a personas condenadas por delitos vinculados al crimen organizado.

A su juicio, intervenir el artículo 19 N°2 de la Constitución en esos términos supone afectar el principio de igualdad ante la ley.

“Lo errado de esto es que al meterle mano al artículo 19, número 2 de la Constitución, diciendo que no se considerará arbitrario lo que es arbitrario, estás atacando un derecho de primera generación, el de la igualdad constitucional”, sostuvo.

El constitucionalista cuestionó además el criterio utilizado para determinar quiénes quedarían sometidos a esas restricciones, señalando que la propuesta genera diferencias entre personas condenadas por distintos delitos graves.

“Se votó privar derechos sociales a una categoría de personas y no a otras. Por ejemplo, asesinos pedófilos no están en esta categoría. Y la pregunta obvia va a ser, ¿por qué pierde el miembro de una organización criminal, una organización criminal o de narcotraficante, pierde el derecho a la salud y no lo pierde un asesino en serio, de niños y de niñas, pedófilo?”, planteó.

Para Couso, esas diferencias reflejan problemas en la elaboración de la propuesta. “Entonces, está lleno de contradicciones que a mí me sugieren improvisación”, concluyó.

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