Opinión
A todos nos gustaría que una ley que regula un asunto tan importante de nuestra existencia –es decir, el proceso del morir– fuera una ley científicamente informada. Que no haya arbitrariedades, que sea precisa, puntual y formulada asesorándose con los científicos expertos en ese tema. No es el caso del proyecto de ley de “muerte digna y cuidados paliativos”, que en estos días fue aprobado en la Cámara de Diputados. Hay algunos aspectos que cabe destacar, en este sentido.
En primer lugar, el título, que suena como un eufemismo. A nivel internacional la “muerte digna” a la que se refiere el proyecto, se llama eutanasia, que usualmente tiene un sentido más negativo sobre el público. Suavizar las palabras –y acompañarla de “cuidados paliativos”– es una estrategia que no apunta a la claridad. La prestación de “ayuda para morir” (el mismo término presente en la ley española) no destaca suficientemente el hecho de que hay un tercero (es decir, un médico) que provoca la muerte de un paciente.
En segundo lugar, las definiciones usadas para detallar las causales que permitirían acceder a la eutanasia, demasiado imprecisas. Entre ellas, una de las más importantes es padecer de un “problema de salud grave e irremediable”, asociado a la condición de “enfermedad terminal”, que, por su generalidad y falta de especificación de tiempo, incluirían decenas de enfermedades (y miles de pacientes).
En tercer lugar, la entrega de información al paciente con referencia a la posibilidad de optar por la eutanasia, que debe advenir en el momento en que la persona es diagnosticada del problema de salud grave e irremediable. Dicha formulación desconoce el hecho científicamente acertado de que la entrega de malas noticias es un proceso sensible, donde el paciente pasa por distintas etapas psicológicas antes de valorar adecuadamente la información.
En cuarto lugar, la falta de definición de los cuidados paliativos, que se relegan al tratamiento de síntomas físicos y dolor. La literatura muestra que estos cuidados tienen una fuerte influencia sobre el aspecto psicológico y espiritual del paciente: según un artículo publicado en Palliative Medicine en 2016, casi la mitad de los enfermos que acceden a cuidados paliativos por al menos 6 meses, retractan su solicitud de eutanasia. Estos datos no pueden ser desatendidos por quienes promueven la eutanasia en nombre de la libertad. En un país como Chile, que no garantiza el acceso universal y gratuito para estos cuidados, cualquier proyecto de eutanasia que no sea discriminatorio debería contemplar la posibilidad de que todos puedan acceder a estos cuidados; además, si se quiere asegurar la libertad de la decisión, ellos deberían ser promovidos como un hito obligatorio en el proceso del morir.
Finalmente, el rol del equipo médico: para practicar un acto que va en contra de cualquier preocupación curativa o paliativa, el equipo médico tendría que dejar de lado todas las evidencias científicas y los gold standards del mejor tratamiento al paciente con respecto a su condición clínica.
En resumen, de acuerdo a la formulación actual del proyecto, la eutanasia estaría garantizada para un número enorme de pacientes que, más o menos conscientemente, podrán acceder a ella sin tener otra opción viable (los cuidados paliativos), y en un contexto que los disuade de buscar una solución clínica a su enfermedad.
Se quería, por ende, redactar un proyecto de eutanasia liberal. Si liberal significa vago y en contra de las evidencias científicas, quizás sea mejor no ser liberales.
